El poder judicial se tambalea en la provincia tinerfeña

... Asustan siempre los problemas, pero asustan más cuando los exponen los máximos responsables de organismos e instituciones concretas. Ocurrió hace muy poco tiempo, cuando el Diputado del Común, Manuel Alcaide, denunció públicamente que las autoridades hacen caso omiso a sus reclamaciones, lo cual es inconcebible, y sucede ahora, cuando la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, afirma, en la apertura del año judicial, que 45 fiscales "son a todas luces insuficientes para hacer frente a las actividades que se nos presuponen". Asusta que alguien de la judicatura exponga que mientras las actividades de los fiscales cada vez son más numerosas, y más complejas, los medios y refuerzos de personal no crecen en la misma proporción. Es la justicia que tenemos, pero no la que merecemos, sin duda.

Para más inri, las cárceles se encuentran sobresaturadas y estamos sufriendo una tendencia alcista en los hechos delictivos cometidos a lo largo del pasado año, y también de los procedimientos penales. Por no hablar del "boom"de los delitos de faltas y lesiones determinados fundamentalmente por la violencia juvenil, el maltrato de y a menores, el maltrato familiar y las conductas violentas dentro de la pareja.

... Asusta pensar, como recordó Almendral, que los juzgados están al borde del caos como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, y nos hacen palidecer las declaraciones del presidente de la Audiencia Provincial, José Ramón Navarro Miranda, en cuanto a que la atención que los Juzgados de Instrucción han de prestar a estos inmigrantes supone, en la mayoría de las ocasiones, la suspensión del resto de la actividad jurisdiccional, salvo el servicio de guardia, con el consiguiente retraso de los procedimientos, que se ven paralizados durante varios días e incluso semanas.

La provincia tinerfeña precisa grandes mejoras: una tercera sección penal y que se dote a cada una de ellas con un cuarto magistrado; un nuevo juzgado de menores; un juzgado de lo Penal más en el Sur de Tenerife; y otros dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que vive una situación absolutamente alarmante por el incremento y por la complejidad de los casos.

Pero la situación no acaba aquí: Navarro Miranda recalcó, en torno a las infraestructuras, que es difícilmente sostenible la dispersión de los órganos judiciales en la capital tinerfeña ante la saturación e insuficiencia del edificio donde están ubicados, lo que complica aún más el funcionamiento y la actuación de los servicios comunes. ¿Alguien da más? ¿Para qué nos transfirió el Estado las competencias en materia judicial? Quien lo entienda, que lo explique.