Un informe jurídico dirimirá si la Cámara puede solicitar la retirada del Estatuto

N. MARTÍN, S/C de Tenerife

Los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias deberán dirimir entre esta semana y la próxima si éste cuenta con un paraguas legal suficiente para, tal y como han solicitado los grupos de CC y PP, pedir al Congreso de los Diputados la retirada de la reforma del Estatuto o si, como sostiene el PSC, esa posibilidad no existe, un debate cuya importancia jurídica es casi inexistente, pero que tiene un nada despreciable contenido político de cara a la precampaña electoral.

Nacionalistas y conservadores presentaron la semana pasada en el Parlamento una iniciativa en la que instaban al Pleno a pedir a la Cámara Baja la retirada del Estatuto, una vez que su tramitación ha quedado bloqueada por falta de acuerdo entre los tres partidos.

Aunque fuera posible hacerlo, sus efectos prácticos serían inexistentes, ya que el proyecto de ley decaerá una vez que las Cortes sean disueltas para la celebración de las elecciones, algo que ocurrirá en apenas mes y medio, y que en ningún caso imposibilitaría que el Parlamento retomará la tramitación de un nuevo Estatuto.

Sin embargo, no se trata de un debate baladí para las fuerzas políticas canarias, ya que, de producirse la retirada, el texto estatutario volvería a la Cámara regional, en la que podría celebrarse un pleno "ad hoc" durante la precampaña para los comicios generales, en el que CC y PP presentarían a los socialistas como responsables del naufragio del Estatuto, una posibilidad que el PSC vislumbra, pero que ni comparte ni desea.

"Confrontación"

No obstante, antes de llegar a este punto será necesario dirimir si esta vía existe o no, un debate que se planteó ayer durante la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara, que finalmente acordó que sean los servicios jurídicos los que se pronuncien.

Nacionalistas y conservadores argumentan la existencia de una resolución de la presidencia del Congreso de los Diputados de 1993 en la que ésta establece una posible retirada de los proyectos en tramitación en cualquier momento. A su vez, se basan en el artículo 138 del Reglamento del propio Parlamento, que alude a la retirada de proposiciones de ley que hubieran sido tomadas en consideración.

Sin embargo, los socialistas niegan la mayor. A su juicio, y puesto que la reforma pierde toda vigencia con la disolución del Congreso, presentar de nuevo al Parlamento la reforma fallida no es más que un intento de generar un debate político de cara a las elecciones, según explicó el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, quien acusó a los nacionalistas y a sus socios de usar el Estatuto "como armas arrojadiza en plena precampaña". "¿Para qué vamos a pedir en Madrid una retirada de la reforma que va a decaer próximamente? Lo que buscan -añadió- es generar confrontación trayendo el debate de nuevo al Parlamento".

El portavoz del PSC explicó que la resolución del Congreso se hizo para contemplar las lagunas legales existentes en aquellos textos estatutarios que no tenían definido un procedimiento de reforma, procedimiento que el Estatuto canario -una ley orgánica y, por tanto, una norma superior a la resolución del Congreso- incorporó en 1996.

En cuanto al reglamento del Parlamento, Hernández Spínola defendió que ese punto de la norma no se refiere a la reforma del Estatuto, que cuenta en el propio reglamento con un artículo específico y que es el que se aplicaría.

Para el portavoz socialista, el informe jurídico debería haberse solicitado antes de que la Mesa calificara la petición de CC y PP.