COLPISA, Madrid
El Gobierno precisó que la ley de la memoria histórica no obliga a los ayuntamientos a modificar los nombres de las calles que evocan a fechas o personajes de la Guerra Civil y del franquismo. La vicepresidenta primera señaló que la norma establece que "podrán" hacerlo, pero no fija un mandato imperativo. El PSOE, entretanto, reclamó al alcalde de Madrid que elimine la denominación de 160 calles de la capital que homenajean esa etapa histórica.
María Teresa Fernández de la Vega aclaró que el proyecto de ley "mandata" a las administraciones públicas para que actúen en el ámbito de sus competencias; es decir, que la administración estatal no podrá obligar a un municipio a que actúe de determinada manera sino que deberá ser el consistorio el que tome la decisión sobre las calles y símbolos referidos a la Guerra Civil o a la dictadura. "La ley no obliga", resumió tras la reunión semanal del Consejo de Ministros. La misma filosofía rige, según la vicepresidenta, para la retirada de subvenciones a entidades privadas, como la iglesia católica o fundaciones, que se nieguen a eliminar símbolos franquistas. Añadió que no ha percibido inquietud entre la Conferencia Episcopal por este asunto.
El motivo de la controversia es el artículo que señala que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
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