EFE, Estados Unidos
El Consejo de Seguridad de la ONU, incapaz de ponerse de acuerdo para condenar a la Junta Militar de Birmania (Myanmar) por la oposición de China y Rusia, optó ayer por deplorar "con firmeza" la violenta represión ejercida por el régimen de Rangún contra manifestaciones pacíficas.
La declaración adoptada por unanimidad por el máximo órgano de la ONU insta a la liberación de todos los presos políticos y detenidos y al inicio de un diálogo de la Junta Militar que dirige Birmania con la oposición democrática que lleve a la reconciliación nacional.
En su declaración, los 15 miembros del Consejo de Seguridad enfatizan la necesidad de que un "diálogo genuino" con todas las partes involucradas, incluida la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, y grupos étnicos "para lograr un proceso de reconciliación nacional completo, con el apoyo directo de Naciones Unidas".
"El Consejo de Seguridad pide al Gobierno de Myanmar que tome todas las medidas necesarias para afrontar los temas económicos, políticos, humanitarios y de derechos humanos que preocupan a su población", y destaca que el futuro del país "está en manos de todo el pueblo". La declaración anima al régimen militar a considerar con seriedad las recomendaciones del enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, quien a partir de este fin de semana regresará a la región por orden del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El enviado especial comenzará sus consultas "por Tailandia el próximo lunes, para continuar por Malasia, Indonesia, India, China y Japón, con la idea de volver inmediatamente después a Birmania", señaló Ban en un comunicado emitido poco antes de la declaración del Consejo.
El texto acordado es la primera reacción oficial del órgano ejecutivo de Naciones Unidas al informe presentado por Gambari el pasado viernes sobre su visita a Birmania del 29 de septiembre al 2 de octubre, en el que constató la dura represión ejercida por los militares y les instó a iniciar un cambio político. El contenido de la declaración fue objeto de un intensa negociación de cuatro días entre EEUU, Francia y Reino Unido, los patrocinadores del texto, y China y Rusia, que se han opuesto a utilizar un lenguaje agresivo hacia Rangún.
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