Miranda afirma que el actual borrador del REF no potencia la economía isleña

EL DÍA, S/C de Tenerife

"Si el borrador del reglamento del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) se publica tal y como está en la actualidad, de poco servirá la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) para el despliegue económico de las Islas", afirmó ayer Salvador Miranda Calderín, asesor fiscal que ha participado en la redacción de las alegaciones a dicho documento realizadas por la Cámara de Comercio tinerfeña.

Miranda manifestó que, si el empresario no ve seguridad jurídica en este mecanismo, hará inversiones mínimas pero no expandirá su negocio y será un retroceso para la economía canaria.

En este sentido, señaló que con las alegaciones presentadas por la Cámara tinerfeña se pretende que, en el periodo comprendido entre 2007 y 2013, la RIC contribuya a que el empresario siga invirtiendo en las Islas, en especial en un momento en el que la economía no está boyante.

Respecto al borrador del REF, afirmó que evidencia la voluntad positiva del legislador, pero precisó que la redacción de la norma por parte de funcionarios ha hecho que "prime el carácter fiscalizador y no el expansivo".

Complejo y restrictivo

Respecto al Gobierno de Canarias, afirmó que es consciente de que el reglamento es restrictivo y hay que mejorarlo. No obstante, puntualizó que el Ejecutivo autónomo y el de la nación "van cada uno por un lado", lo que, insistió, dificulta el desarrollo de un incentivo tan poderoso como la RIC.

En este sentido, hizo hincapié en que el reglamento es excesivamente complejo en la redacción y resulta más restrictivo que la ley, como, señaló, en la definición de activo empresarial que recoge el legislador, que es más restrictiva que el planteamiento hecho desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Asimismo, señaló que es necesario que el empresario no se vea perjudicado por la ausencias de planes insulares y municipales de ordenación a la hora de invertir en la rehabilitación turística. En este sentido, reclamó que tanto el suelo como la infraestructura puedan acogerse a la RIC en cualquier punto de las Islas, no sólo en las áreas consideradas en declive, y que sea el mercado el que diga dónde se tiene que hacer la rehabilitación.

En este sentido, el asesor jurídico de Ashotel, Antonio Casanova, señaló que existe un problema de coordinación en las normas que imposibilita que la RIC en rehabilitación turística no se pueda llevar a la práctica. En este sentido, precisó que el legislador nacional recurre en este caso a la Ley de Directrices, en donde se reduce esta acción a las áreas consideradas en declive, al mismo tiempo que los condiciona a los planes insulares y municipales, muchos de los cuales, dijo, no están desarrollados.

Por otro lado, señaló que, pese a que el reglamento recoge la posibilidad de financiar infraestructuras públicas hechas por organismos públicos o privados, criticó que el reglamento hace restricciones, al pedir que la empresa cuente con una autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dificultad que, precisó, se debe soslayar.

Miranda Calderín arremetió contra la excesiva formalidad y el régimen sancionador del reglamento. Criticó que la ley recoge multas en caso de inexactitudes en el plan de inversión que pueden alcanzar como mínimo los 5.000 euros. Este aspecto, dijo, resulta más complicado en el tejido empresarial canario, compuesto en su 99% por pequeñas y medianas empresas, en donde las previsiones de inversión a cuatro años resultan difíciles.

En este sentido, Salvador Miranda puso de manifiesto que desde la Cámara de Comercio tinerfeña se ha planteado que, en un principio, la empresa que desea dotar a la RIC sólo tenga que decir en qué piensa materializar dicha inversión pero que los cambios no se sancionen. Planteó que la empresa detalle a los cuatro años en qué ha invertido la RIC, diferenciando tanto la inversión inicial como la de sustitución.

Por otro lado, Miranda Calderín se refirió también a los aspectos positivos del documento, entre los cuales citó la exclusión de la materialización del suelo y de los bienes inmuebles para alquiler. Se mostró a favor de que se incluya el dinero de la RIC para la creación de empleo, aspecto que, dijo, debe ampliarse a las contrataciones que son necesarias antes de poner en marcha una actividad, así como las inversiones en mejora y protección del medio ambiente.