COLPISA, Madrid
José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer que no existe "ninguna expectativa" de volver a iniciar un diálogo con ETA si gana las próximas elecciones generales. El Gobierno cree que, al tomar la decisión de romper el alto el fuego decretado en marzo de 2006, la organización terrorista emprendió un camino de no retorno hacia la lucha armada. Y, según sus cálculos, tardará mucho tiempo en rectificar, si es que en algún momento lo hace. "No lo hemos conseguido, pero las consecuencias más negativas van a ser para ETA y para el mundo que de una u otra manera lo apoya", aseguró Zapatero.
La estrategia del Gobierno vuelve a ser la clásica: uso de todos los instrumentos del Estado de Derecho para golpear a la banda por la vía policial, judicial y política. Confía el Ejecutivo en que la fórmula sirva para sortear un posible castigo en las urnas por su actitud durante el fallido "proceso de paz"; que el encarcelamiento de Arnaldo Otegi, del portavoz de Askatasuna Juan María Olano o las detenciones de Joseba Álvarez y Oihana Agirre contrarresten aquella imagen de José Ignacio de Juana Chaos paseando por la calle. También, espera que los éxitos de las fuerzas de Seguridad le devuelvan la confianza de aquellos que en su día fueron más críticos con la solución dialogada.
Cuestiones electorales al margen, los socialistas sostienen que "ya" no hay más vuelta de hoja. Zapatero utilizó ese adverbio en una entrevista en Tele 5 y aseguró que la organización criminal sólo tiene por delante la posibilidad de "prolongar su agonía".
Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que lo hará y que hay que estar preparados para ello. Justo lo que no ha demostrado, dicen, Ibarretxe, con su anuncio de referéndum. "Cree que lo de ETA va acabar en un año o dos y se equivoca; esto va para largo", avisan las citadas fuentes.
La propuesta del dirigente nacionalista se ha convertido en la última piedra en el zapato del Gobierno. No porque teman que lleve su amenaza hasta las últimas consecuencias, ya que los socialistas creen que esto es impensable y que, en último término, el Estado de Derecho tiene instrumentos sobrados para impedirlo. Pero se lamentan de que haya llevado a primera línea del debate político una cuestión que creían bien atada. Y, sobre todo, comparten las tesis del presidente del PNV, Josu Jon Imaz, que cree que con esta iniciativa se proporciona a ETA un "plan B" y una excusa con la que justificar la vuelta a la violencia.
El Gobierno está convencido de que la ruptura del alto el fuego provocó importantes fracturas en el entorno político de ETA. El titular del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que hay sectores en la izquierda independentista que se sienten "desencantados" porque creyeron a ETA cuando habló de tregua.
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