EL DÍA, S/C de Tenerife
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno canario dio a conocer ayer la resolución de la Dirección General de Personal por la que ha resuelto conservar los exámenes de los participantes en el proceso de selección de las oposiciones de Educación Infantil y proceder al nombramiento de nuevos tribunales para su calificación.
Esta decisión supone retrotraer el expediente a la fase de oposición hasta el momento de la calificación y conservar la prueba de la parte A (examen escrito) y la prueba de la parte B1 (presentación de la programación didáctica), así como los informes emitidos por la Administración educativa correspondiente al ejercicio B2, debiendo procederse a la calificación del escrito y a la exposición y defensa de la unidad didáctica o, en su caso, a la evaluación del informe de la Administración educativa.
La Consejería indica que la resolución estima los recursos de alzada presentados por los aspirantes y anula los listados publicados el 13 de julio por la comisión de selección de la especialidad. Además, quedan anuladas las listas de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición con el baremo definitivo asignado; la de todos los aspirantes que han superado la fase de oposición ordenados por puntuación global ponderada, la de los aspirantes propuestos como seleccionados ordenados por orden de puntuación ponderada, en los procedimientos selectivos de ingreso al cuerpo de maestros y las listas de calificaciones de la parte A de la fase de oposición, publicadas el 5 de julio de 2007.
Procedimiento anulado
La resolución anula también la "guía de procedimientos a seguir por los tribunales de Infantil: calificaciones", elaborada por la comisión de selección, y deja sin efecto su nombramiento, de la comisión de selección y de la comisión de coordinación, "debiendo procederse al nombramiento de nuevos tribunales de acuerdo con la base sexta de la convocatoria".
Los recursos administrativos interpuestos por los participantes contra la fase de oposición hacían referencia a las supuestas irregularidades en los criterios de calificación. La Consejería recuerda que suspendió mediante la Resolución de 24 de agosto el proceso selectivo, donde habían participado 1.980 personas para 275 plazas, al constatarse la existencia de una guía de procedimientos a seguir que establecía criterios contrarios a las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública", al fijar un número máximo de aprobados por cada uno de los 34 tribunales y los tramos de nota.
Una nueva resolución de la Dirección General de Personal determinará el procedimiento que, con presencia de un fedatario público, garantice el anonimato de los aspirantes en la calificación de la fase de oposición.
Se acordó, por último, desestimar las pretensiones de nulidad de todo el proceso, así como la pretensión de declarar la nulidad del nombramiento de los 275 propuestos por la comisión de selección y que las plazas fueran cubiertas por sustitutos.
Los 275 afectados
Por su parte, el colectivo de 275 afectados por estas pruebas declaró ayer que no estaban de acuerdo con la resolución, "porque recoge la postura que solicitaban los sindicatos". Señalaron que la resolución "da una opción de recuperación a los suspendidos", dijo un portavoz, que señaló que "esta es una situación nunca vista". Señaló que "el documento que declararon ilegal calificó a todos los opositores por el mismo criterio", aunque advirtió que "si se judicializa el proceso, se echarán a bajo todas las pruebas en todas las categorías".
Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, dijo que la resolución implica "retrotraer las oposiciones al momento de las pruebas objetivas, por lo que habrá que defender ante el tribunal el ejercicio oral". Dijo que la resolución "podría haber sido peor", aunque señaló que estos ejercicios se abren ahora a más de 1.000 opositores, lo que representa que "el peor daño se cause en los 275 que obtuvieron plaza y que están dando clases de manera provisional". Para este colectivo, Barroso señaló que "tendrán que presentar recursos para que se les restituya en sus patrimonios", pues muchos de ellos dejaron sus anteriores trabajos cuando obtuvieron la plaza.
Barroso comentó que ahora también "habrá afectados", ya que estima que de los 275 aprobados, es probable que no lo superen 50 de ellos.
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