Para un Estatuto Constituyente del "Reino de Canarias". Prólogo

NO SE HACE difícil reconocer que los aires de república no soplaron por las latitudes canarias. De la Primera, se supo más de la anécdota de su derrocamiento por el general Pavía montado en su brioso caballo que de la categoría de sus cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. De la Segunda, más vale no recordarla, ni la alegría del 14 de abril de 1931 ni la tristeza del 18 de julio de 1936. Canarias y su Comandancia sólo sirvieron para que el general Franco meditara la profundidad de la tumba en que había de sepultarla. Pero en el orden político de la República cabe imputarle el craso error de establecer para Canarias la circunscripción provincial para la elección de diputados, significativa de que se olvidaba de nuevo su peculiaridad de archipiélago, resultando una democracia pura de dictadura mayoritaria de las islas capitalinas. Y como razón general una explicación la justifica: las elecciones municipales de 1931 le costaron la vida a la Monarquía, y don Manuel Azaña aprendió la lección de los "burgos podridos", que producen votos de derecha, suprimiéndose las circunscripciones de distrito.

Desde los tiempos de Afortunadas a los de Islas Canarias, la monarquía como forma de gobierno en que la soberanía es ejercitada por una sola persona ha sido lo cotidiano, sustituida al presente por la diarquía capitalina, pero el ideal republicano se hace teóricamente presente en toda ciencia de la democracia. Ello no obsta para que también se reconozca que la Naturaleza no hizo terreno fértil a un archipiélago como el canario para un régimen republicano, en el que las rivalidades hegemónicas entre sus dos importantes ciudades y puertos imponen la duplicidad de capitales provinciales con bicefalia de la autonómica que de un presidente de la República haría de Canarias el mayor espectáculo del mundo. Y hay que admitir que la proximidad de dos colectividades humanas con idénticas apetencias y necesidades propendan a encontrar sus vidas. "Problema canario" que hay que resolver en casa democráticamente, pero no por cuatro políticos burocratizados con pretensiones constitucionalistas.

La solución del "problema canario" o "Canarias como problema", que dice de España Lain Entralgo, demanda como premisa la construcción de una "patria canaria", que mal puede lograrse con unificación, sino con unión, que son cosas distintas. Para los aborígenes canarios la patria era su isla, y aunque vistas las otras en lontananza sólo se acercaban al mar para coger lapas. Porque unos y otros se temían, y cuando en tiempos más próximos llegaron a visitarse era para hacer razas de personas y de ganado. Para que llegue a existir la Nación canaria que todo nacionalismo recaba, la "patria canaria" tiene que estar forjada, dejado de africanizarse para ser Europa, a la que por etnia, historia y cultura pertenece, sin que duelan prendas admitir que bajo la Corona de España, aunque no de su soberanía.

Si la Historia, "magister vitae", sirviera para algo y despertara el alma dormida de las que fueran "Islas Afortunadas", y los políticos de Madrid tuvieran aprendida alguna lección, fácil sería resolver el problema de inseguridad que por demás afecta a Canarias, haciendo todo lo contrario de lo que se hizo con las provincias españolas de Sáhara y Sidi-Ifni: "En los momentos difíciles para Canarias debido a su crisis económica y política, así como para el acalorado proceso de cambio en sus estructuras sociales, acentuando conflictivamente todo ello ante la ocupación del cercano Sáhara por otros estados soberanos -Marruecos, Mauritania, Senegal- ha obligado a los isleños a adquirir conciencia de su situación real con planteamientos claros y válidos, eludiendo toda palabra huera para salir del paso. Desde un sentimiento independentista". Reza en estos términos el prólogo que hace el CIES (Centro de Investigación Económico y Social de la Caja Insular de Ahorros de Canarias), mayo de 1977. Y qué casualidad, agradecen la colaboración entusiasmada del abogado de Santa Cruz de La Palma don Carlos Lugo Sosvilla. Ello infiere, de manera inconclusa, su permanencia, desde tiempo en la palestra.

Conviene puntualizar que difieren las situaciones de las provincias africanas españolas de Sidi-Ifni y Sáhara con las dos Canarias solamente en fechas y en ser continentales unas e insulares las otras, pues la canaria como única se provincializó en 1822 y las saharianas en 1944 y 1961. Hasta entonces, respectivamente, eran posesiones territoriales de España. ¿Algún triste destino como el del hidalgo caballero cervantino llegaría a igualarlas? ¿Y no sería posible que la política permisiva de la inmigración africana, sea parte de la "Alianza de Civilizaciones" con la mahometana, y al final Canarias tendrá que "cargar con el mochuelo"?

Llegada es hora de que, después del largo prólogo, sea propuesta como colofón lo que como proyecto de tesis podría servir de medicina al "problema canario", que, hasta el presente, lejos de curación, mejor se agrava. Porque los tratamientos se aplican superpuestos, y ninguno produce el milagro de decirle a Canarias lo de Jesucristo a Lázaro: "Levántate y anda". Tres han sido, luego de que enferma dejara de ser posesión africana: organización provincial, de Cabildos, y la autonómica, infelizmente reinante. Para salir del dilema no hay otro medio que romper la baraja, dejando sobre la mesa sólo las cartas de la autonomía. Y Felipe González Márquez, que me fuera presentado por don Enrique Tierno Galván, y que en su tiempo gobernante no se le ocurrió, y creo recordar que algo parecido le dije sobre Canarias, al igual que a López Aguilar más reciente, nos acaba de brindar una brillante receta: "La identidad de identidades que es la comunidad canaria hay que reforzarla". Viene a ser tanto así como lo que siempre repito: "Canarias de las autonomías". La identidad isleña, que le parece perfecta, no es reconocida, le añado, ni en el Estauto de Autonomía y hace camino de un tercero. El "hecho insular canario" brilla por su ausencia en la organizada diarquía que hoy conforma Canarias, imperando la concentración de poder y la centralización administrativa, que se dan de cara con el más elemental concepto de lo que autonomía significa.

Como toda construcción, también la política tiene que cimentarse, y es el pueblo soberano, constitucionalmente, el único legitimado. Así que sea hora para iniciar el período constituyente que se le debe a Canarias, porque el estatuto de Autonomía tiene más de carta otorgada, como la Constitución de Bayona, dictada por Napoleón, que de constitucionalidad democráticamente elaborada.

Cuando la Ley creadora de los Cabildos, cuya preparación no tiene parangón en la historia del Derecho de Canarias, y desde las Asambleas de los años 1908 y 1911 tinerfeñas, y de La Palma de 1910, que merecieron el nombre de "constituyentes", hasta el Cuestionario que a virtud de la Real Orden de 16 de abril de 1910 interesa una información sobre la organización de la Provincia de Canarias, la opinión se volcó dando contestación a toda clase de preguntas sobre datos históricos, geográficos, políticos, sociales, económicos y administrativos que integraron la problemática de Canarias. Y a su frente, señeros nombres de los palmeros Pérez Díaz y Pedro Poggio, del majorero Velázquez Cabrera, de los tinerfeños Benito Pérez Armas, Domínguez Alfonso, Gil Roldán, y de los grancanarios Leopoldo Matos, Rafael Ramírez. Sin olvidar la colosal figura política del siglo, José Canalejas que, presidiendo el Gobierno, puso broche de oro a la Ley. Datos que demuestran la importancia del trámite, los informa don Luis Moroto, secretario de la Comisión del Congreso, que había de emitir el dictamen del Proyecto de Ley: "He tenido ocasión de estudiarlo (las contestaciones al Cuestionario) y tiene ciento un documentos".

Lo que tiene el más alto valor ejemplarizante para contrastarlo a momentos cumbreros de la recepción de la democracia en Canarias, mediando una noche de dos siglos, es como para la abolición de los regidores perpetuos y que el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma se precie de ser el primero de España de elección popular, se convocaron sus pueblos, y para la Ley de Cabildos todo el Archipiélago, pero para el Estatuto de Autonomía de Canarias, sea en su fundacional como en el reformado y en el que está en ciernes, ni a la Constitución se le respeta, cuando textualmente dice: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrían ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", y si el Estatuto no la tiene, es que en Canarias sobra Estatuto y falta siquiatría. Y acudiendo a un recurso literario al practicar la didáctica, que es el "arte de enseñar literariamente", si a la trilogía de momentos dichos la calificamos de aurorales de la democracia avanzada que la autonomía significa, asimilados a un árbol, uno sería la raíz, otro las ramas, y lo que faltaría es el tronco, que sólo una organización autonómica genuina puede depararle, para lo que la clase política actuante muestra y demuestra poca vocación constructiva.

No será desperdiciable traer a cuenta de didáctica histórica lo que sobre la extinción de los Regidores perpetuos en La Palma nos dice Juan B. Lorenzo en "Noticias para la historia de La Palma": "...en el año 1769, celebró un Consejo abierto para, en votación secreta, recibir la opinión de los vecinos sobre el oficio de Regidor, para cerciorarse mejor de la opinión de los pueblos de la Isla en materia tan delicada. Todos los pueblos mandaron sus representantes en un total de 203. 75 individuos votaron por que continuasen los Regidores perpetuos, y 128 por que en lo sucesivo fuesen nombrados bianualmente". Mientras la ciudad de Santa Cruz de La Palma contó con 155 electores, de los que 92 fueron favorables a la extinción, de Los Llanos sólo acudió un único representante, el alcalde Juan Vangüemert de la Cruz, que valientemente dijo: "...el deseo de su pueblo era que los Regidores fuesen bianuales". La oligarquía agrícola tradicional todavía no se había implantado en el rico Valle de Aridane.