Estoy con Manuel Alcaide

Manuel Alcaide ha sido un excelente Diputado del Común. Magnífico, diría yo. Hace ya años de su toma de posesión, a la que asistí encantado. Entonces cogió el toro por los cuernos, como debe ser. Me refiero al toro de la inmigración ilegal. Afirmar que la inmigración ilegal es el problema más grave que en estos momentos tenemos en Canarias, es ya a estas alturas casi una perogrullada. Y dijo entonces Alcaide, con certera visión y valentía, "que estábamos siendo invadidos", ante el fariseo estupor de la progresía de salón que, una vez más y de cara a la galería, se llevaba las manos a la cabeza.

Y la invasión llegó. ¡Y qué invasión, Dios mío! Y continúa llegando a borbotones. Se trata de una invasión permanente. Cada vez es más grande y numerosa. Estamos llenos de ilegales e irregulares, y nadie hace nada. Aquí ya no cabemos. Pero ¿es que estamos ciegos para no darnos cuenta de la importancia y gravedad de todo este asunto? Manuel Alcaide ha dedicado toda su vida a defender y cumplir la legalidad. Fue juez y magistrado durante mucho tiempo, llegando a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Siempre ha sido un hombre de leyes, ponderado y justo en sus criterios y resoluciones. Nadie le puede pedir ahora, en la última etapa de su vida profesional, que ampare la ilegalidad. Y la ilegalidad consistiría precisamente en no repatriar, como dice la Ley, a esa avalancha de inmigrantes ilegales.

Lo que el Diputado del Común ha dicho ahora, poniendo de relieve su coherencia, no constituye novedad alguna. Ha reafirmado en este mismo periódico que "Hay que repatriar a los ilegales, mayores y menores", porque así lo determina la Ley. La Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2006 acaba de hacer públicas sus conclusiones, manifestando que el año pasado llegaron a Canarias a bordo de pateras o cayucos 31.678 personas procedentes de África, frente a los 4.767 de 2005. Eso significa un aumento de cayucos en un 564%. Qué barbaridad y qué inoperancia. Por otra parte, la memoria asegura que los centros provisionales de extranjeros están llenos de irregularidades y carecen de las condiciones adecuadas. Por si fuese poco el mundo subsahariano, el CNI ha advertido que entre 4.000 y 6.000 inmigrantes procedentes de Asia se hacinan en la capital de Guinea Conakry y algunos suburbios de los alrededores para, vía Canarias, dar el salto a Europa.

Algunos olvidan intencionadamente que el Código Penal español castiga con penas de prisión, que pueden alcanzar los ocho años, a "quienes faciliten, promuevan o favorezcan, el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas con destino a España". Sin embargo la extrema dureza de la ley penal para todos los españoles, no parece corresponderse muy bien con las regularizaciones masivas de cientos de miles de inmigrantes efectuadas por el gobierno socialista -y que no han servido para nada-, o con quienes propugnan tolerancia, amparo y comprensión con la inmigración ilegal, en un ejercicio de irresponsabilidad e hipocresía.

A Madrid la superpoblación de las islas y la inmigración ilegal le importa un pimiento. Cuando el problema se asomó al sur peninsular, se impermeabilizaron las costas con los medios tecnológicos más avanzados. Hay dinero para todos y todo, menos para Canarias. Vemos así como el grito "soberanista de Cataluña" ha supuesto que Zapatero suba la inversión en esa Comunidad, y para los próximos presupuestos, nada menos que un 25%. Dará a los catalanes 826 millones en "compensación" por los presupuestos de 2007. Con los canarios ni siquiera se han querido sentar para hablar. ¿Cuándo aprenderemos de una vez la lección? ¿Qué hay que hacer para que se nos escuche? Es por ello que estoy al lado de voces claras y firmes como la de Manuel Alcaide.

Y digo lo anterior reconociendo la pobreza y el fracaso del Parlamento de Canarias que, en una relativamente reciente sesión plenaria sobre la inmigración, ofreció a todos un espectáculo deplorable.

Sigo creyendo que en esta tierra nuestra no hay nada más urgente y necesario que contar con una Ley de Residencia. El reto es superar los obstáculos políticos y jurídicos para obtenerla. Hace falta en esta tarea un presidente y un gobierno que se lo proponga de verdad.

Los socialistas suelen pedir la renovación de las instituciones que funcionan bien, pero no a su gusto. Así ocurre con el Consejo General del Poder Judicial. Pretenden meterse a los jueces en el bolsillo. Y quieren quitar a Manuel Alcaide como Diputado del Común porque éste demanda el cumplimiento de la Ley y nos defiende a todos. Precisamente dando lugar y contenido a la que es su función primaria. Lo dicho, estoy con Manuel Alcaide.