EL GOBIERNO autónomo se obceca en crear una policía autonómica y se agarra a un clavo ardiendo para justificar su empeño. Ahora toca el argumento de que ese cuerpo evitaría que muriesen ahogados más inmigrantes irregulares que llegan a Canarias en cayuco o patera. Lo cierto es que la solución a ése y a los problemas de seguridad del Archipiélago no es crear un cuerpo policial más, sino pedir al Estado que refuerce las plantillas de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Lo otro es, además de una entelequia, pues el Gobierno central difícilmente pagaría patrulleras, aviones y otros medios carísimos, un despilfarro inútil y nos atrevemos a decir que inmoral en una tierra como ésta, donde todavía existe un alto nivel de pobreza y tantas carencias en servicios básicos como la atención sanitaria o la educación pública.
La verdad, para ponerse una mascarilla y unos guantes y dispensar unos primeros auxilios en el muelle de Los Cristianos o en Arguineguín ya están la Cruz Roja y las Fuerzas de Seguridad del Estado; que las personas que realicen estas labores llevasen un uniforme donde diga "Policía Canaria" nos costaría unos cuantos miles de euros más cada día. Ahora bien, si lo que está insinuando el Gobierno de Paulino Rivero es que el Ejecutivo de Zapatero no hace nada por reforzar los medios de lucha contra este fenómeno, que se niega a aportar más efectivos y que los partidos estatales siempre nos dejan en la estacada ante el problema, le damos la razón. Pero crear desde aquí un cuerpo nuevo, no. Porque además existe el peligro de que se convierta en una especie de "ejército" que podría utilizarse contra Tenerife y con su cuartel general en Las Palmas.
Ya lo hemos escrito aquí muchas veces: en la calle se dice que Canarias es un país colonizado y que esta situación debe ir solucionándose mediante una soberanía que se conquiste poco a poco, en diferentes etapas. O en una sola, si se negocia entre personas, hombres y mujeres, inteligentes y con sentido común.Y una fecha que hay que tener en cuenta es la que ha dado la ONU para que deje de haber en el mundo territorios colonizados: el año 2010. Un dato importante sobre el que abundaremos en el editorial de este domingo.
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Al menos en otros asuntos el Gobierno canario actúa más razonablemente. Lo decimos por las declaraciones de la consejera de Vivienda, Inés Rojas, saliendo al paso de la suspensión de pagos de la constructora que levanta 300 viviendas sociales, para garantizar que quienes esperan por ellas, familias de recursos económicos más bien escasos, las tendrán en el futuro. Así sí.
Francamente, confiamos en el equipo del presidente Paulino Rivero y en que no dé un viraje en el futuro, como ocurrió con su predecesor, que empezó hablando de equilibrio entre islas y luego ya vimos lo que pasó, con las consecuencias también sabidas: un batacazo electoral en Las Palmas, a la que estuvo mimando prácticamente cuatro años.
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