EFE, Huesca
La Audiencia de Huesca valorará la semana próxima la posible entrega, a las partes personadas en la causa abierta contra el guarda forestal y ganadero Santiago Mainar por el presunto asesinato del alcalde de Fago Miguel Grima, de la grabación de la declaración inculpatoria hecha inicialmente por el acusado.
El tribunal oscense ha convocado por este motivo una vista para escuchar a las partes en torno a la petición formulada por el representante legal de la familia de la víctima, el abogado Enrique Trebolle, a la que se han sumado tanto el fiscal como el letrado de la defensa, Javier Notivoli.
Fuentes judiciales informaron ayer de que el abogado de la familia de Grima podría estar interesado en las circunstancias en las que se produjo la declaración de Mainar y constatar, con el apoyo de técnicos especializados, que no se produjeron presiones y que la confesión tuvo lugar de forma "espontánea y sincera".
Grima murió el pasado mes de enero en la carretera que une los núcleos de Fago y Majones, víctima de un disparo efectuado con una escopeta cargada con postas que presuntamente realizó Santiago Mainar, quien fue detenido días después y que se encuentra desde el mes de febrero en la cárcel zaragozana de Zuera como único imputado.
Después de ser imputado como presunto único responsable del asesinato, la juez instructora negó a la acusación particular la entrega de la grabación hecha por la Guardia Civil de sus declaraciones, alegando que la trascendencia del caso no aconsejaba su divulgación pública.
Esta decisión fue recurrida por la acusación particular ante la Audiencia de Huesca, ya que el representante legal de la familia del asesinado sólo ha podido escuchar la grabación en el interior de los juzgados de Jaca, y posteriormente se adhirieron el fiscal jefe de la Audiencia de Huesca, Felipe Zazurca, y la defensa.
La Audiencia celebrará posteriormente una segunda vista para analizar otro recurso interpuesto por Trebolle contra la decisión de la instructora de levantar el embargo de los bienes de Mainar y de aceptar un aval bancario de 180.000 euros para hacer frente a su presunta responsabilidad civil.
El letrado de la familia del alcalde de Fago, a cuyo recurso se ha sumado el fiscal, admite la modificación del embargo por un aval bancario, pero reclama que éste se eleve a 300.000 euros para garantizar el pago de una posible indemnización más alta.
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