Canarias sólo ha admitido 350 de 1.500 solicitudes para la Ley de Dependencia

IOSUNE NIETO, Tenerife

En el plazo de unos diez días la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias publicará las primeras 350 resoluciones sobre la concesión de un servicio o prestación derivados de la Ley de la Dependencia, informó ayer a este periódico la directora general de este departamento, Araceli Sánchez. A esta primera resolución seguirá una segunda sobre la cartera de servicios disponibles.

Sánchez destacó el hecho de que se trata "sólo de 350 resoluciones cuyo expediente está completo y se ha ratificado que es un gran dependiente hasta el momento" de un total de 5.000 solicitudes elevadas a esa Dirección General para el reconocimiento de la situación de dependencia, de las que se han valorado ya alrededor de 1.500.

Quiso aclarar con ello que se trata de 350 resoluciones sobre solicitudes que se ajustan a lo dispuesto para este primer año de aplicación de la ley de Dependencia, cuyos beneficiarios serán exclusivamente en esta primera etapa los catalogados como grandes dependientes.

Matizó, no obstante, que su departamento está actualmente en pleno período de subsanación de errores, puesto que la mayoría de las solicitudes presentadas por los acreedores de un servicio o prestación de la nueva ley no han cumplimentado correctamente todo lo que se les pedía, y precisó que en muchas de las solicitudes se detecta la falta del informe médico o del informe social, entre otras deficiencias.

De este modo, la situación descrita por la directora general de Bienestar Social en cuanto a la aplicación de lo previsto en la Ley de Dependencia se ajusta más a la crítica que hizo recientemente la portavoz del PP para estos asuntos, Ana Pastor, que dijo que aún no se ha repartido un solo euro de lo previsto a las Comunidades Autónomas, que a la aseveración de la directora de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, en cuanto a que la mitad de los solicitantes de los recursos en España ya estaban siendo atendidos.

En este sentido, la directora general canaria de Bienestar Social admitió que "no está siendo fácil y que existe aún mucha normativa por trabajar, como cómo acreditar a los centros o cómo acreditar a los profesionales, que es lo que nos ha caído a las Comunidades Autónomas, aunque se sacó la ley sin casi darnos tiempo a reaccionar", cuestionó.

Araceli Sánchez aclaró en cuanto a la financiación de lo dispuesto en la ley que "el Ministerio nos mandó el borrador del convenio en julio, en el que se compromete a financiar el 50 por ciento de los recursos. Ese compromiso está, pero no se ha firmado".

Desacuerdo canario

Pero no sólo no se ha firmado porque cogiera a las administraciones en plenas vacaciones de verano, sino porque la Consejería canaria de Empleo y Bienestar Social no está conforme con que en ese convenio "no se recojan las particularidades de Canarias".

En ese sentido, Araceli Sánchez explicó que el principal escollo para el Gobierno Autónomo se refiere a la creación de infraestructuras, puesto que "sólo podíamos utilizar una parte de lo que nos da el Estado para eso, cuando nosotros decimos que necesitamos crear más centros, y no estamos de acuerdo".

En este momento es lo que el Gobierno canario está negociando con el central, puesto que el Ejecutivo Autónomo entiende que las necesidades del Archipiélago distan de ser las mismas que las de otra comunidad en territorio peninsular, y es lo que tratan de hacer ver al Ministerio: "que si necesito plazas en El Hierro no es lo mismo que las pueda ofrecer en La Gomera", precisó la directora de Bienestar Social.

Sobre el asunto de las plazas, incluso ahora mismo para los grandes dependientes, los primeros beneficiarios de la revolucionaria normativa, Sánchez admite que escasean, "aunque en Tenerife se esté resolviendo con los hospitales del Norte y Sur". "Se está creciendo en plazas", agregó esperanzada la responsable de Bienestar Social, aunque sin obviar que no será fácil procurar lo que requieren todos los solicitantes, "aunque al menos tendrán la prestación económica y de cuidados que antes no estaban en la ley".

Sobre los recursos a los que podrán optar los beneficiarios de la ley en este primer momento de su puesta en funcionamiento precisó que a la primera resolución en la que aparece lo que le puede corresponder (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia o prestación económica) seguirá una segunda, "en la que hay que sentarse con el usuario para ver qué recurso se le da".

Según indicó Araceli Sánchez, esta segunda resolución sobre el servicio o prestación se gestionará a través del Programa Individual de Atención (PIA), en el que intervienen también los ayuntamientos, puesto que hay que ver lo que requiere el usuario y los recursos existentes. Lo que le hizo repetir: "Todo esto es largo y no es fácil".

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Improvisación

La directora general de Bienestar Social no obvió en ningún momento el difícil papel que tienen entre manos las comunidades autónomas, especialmente debido a la improvisación con que se ha desarrollado en sus primeros momentos. Citó como algo esencial que el sistema de información "no está a día de hoy finalizado y no podemos volcar todos los datos a la vez ni añadir los recursos de que dispone Canarias". Esa aplicación, detalló, "llegó ayer". En este sentido, Araceli Sánchez aseguró que "todas las comunidades estamos igual, debido a que la aplicación informática que el Estado se comprometió a tener para el pasado mes de abril aún no está al cien por cien operativa".

A pesar de las dificultades y de no contar con la principal herramienta informática a pleno rendimiento, en Canarias se han tramitado ya 5.000 solicitudes para acogerse a los beneficios de la ley. Para ello, desde el pasado mes de mayo vienen trabajando en todas las Islas los equipos de valoradores, formados para visitar en sus casas a los que aspiran a beneficiarse de un servicio o prestación. De momento, sólo 350 de los 1.500 expedientes valorados reúnen todos los requisitos.