TACHI IZQUIERDO, Tenerife
El director general de Personal de la Consejería de Educación, José Manuel Hernández, que ayer mantuvo una reunión con los profesores afectados por la suspensión de las oposiciones a las plazas de Infantil, anuladas por irregularidades en el tribunal calificador, "no aportó ninguna solución a los docentes que aprobaron y obtuvieron una plaza", según indicó tras el encuentro uno de sus portavoces.
Hernández, según declaró el representante de los docentes, "se limitó a explicar la resolución donde se establece la suspensión del pasado día 24 de agosto, y que se publicó en el BOC a principios de esta semana, sin aportar ninguna solución para los 275 afectados por esta decisión".
No obstante, en esta circunstancia que calificó de "extraña", añadió que el director general sí les comunicó que "los aprobados no somos ilegales, pues tenemos las mismas condiciones que las demás especialidades, aunque puntualizó que no nos garantiza que vayamos a seguir trabajando, sino que habrá que esperar a una posible solución en diciembre".
Con relación a esta fecha, el portavoz de los opositores aprobados indicó que el director general "nos planteó como un posible tiempo para que se pueda producir una salida, pero sin garantizarnos nada", en una coyuntura en la que estos docentes dicen que "nos vemos a las puertas de la calle y, en muchos casos, con personas que ya han renunciado a sus anteriores trabajos tras haber aprobado su plaza en las oposiciones".
En el encuentro con el director general de Personal de la Consejería de Educación, José Manuel Hernández, sólo estuvieron presentes los opositores que obtuvieron plaza en la convocatoria de Infantil, en el caso de los de Tenerife, La Gomera y El Hierro, por los que aquellos aspirantes que no superaron la prueba han solicitado al representante de la Administración educativa que mantenga con ellos una reunión para analizar también su problemática.
Sin encuentro con Rivero
Por otra parte, el portavoz de la comisión de la asamblea de afectados, Manuel Marrero, señaló que desde la Presidencia de Gobierno le han confirmado que el encuentro que le habían solicitado al presidente, Paulino Rivero, y a la consejera de Educación, Milagros Luis Brito, "no se va a producir, con lo que quieren evitar escuchar otras alternativas".
Marrero indicó que se sienten "defraudados y engañados", a la vez que acusó a los dos representantes públicos "de esconderse detrás del responsable de Personal de la Consejería, al que le van a hacer que pague los platos rotos de esta situación; y a ese nivel van a dejar las responsabilidades".
Desde la comisión de afectados se considera que al no permitir que desde el Consejo de Gobierno se adoptara una solución para una situación extraordinaria como la que afecta a estos opositores, "se ha perjudicado a un colectivo de gente al que en diciembre, cuando se acabe el proceso, les dirán que se quedan en la calle, sin pagar precios políticos ni legales los responsables". Manuel Marrero acusó a la Administración de no querer oír a los afectados y de "mantener en todo momento la misma postura, generando la desesperación entre los afectados".
Unos 4.000 afectados
En este sentido, señaló que si el proceso toma la vía judicial "se puede implicar al conjunto de todas las especialidades de la oposición", lo que supone, según el responsable sindical, que "estemos hablando de unas 4.000 personas afectadas".
Así, explicó que se "ha querido acotar el problema en Educación Infantil, que es donde hay un documento manifiesto, pero los efectos de parte de él son aplicables en otros tribunales desde hace años", por lo que, añadió, "otros tribunales podrían estar en solfa si un juez decide profundizar en otras situaciones".
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