COLPISA, Jerusalén
Es el triunfo, sobre el papel, de la aldea cisjordana que se ha convertido en el símbolo de la lucha contra el muro de hormigón, Bilin, donde cada viernes, desde el 20 de febrero de 2005, una manifestación ciudadana no siempre pacífica sale a la calle para protestar por el cerco que ha estrangulado el lugar hasta convertirlo en una prisión al aire libre.
Sin embargo, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emitida ayer, el Gobierno y el Ejército deberán ponerse en marcha para "modificar" el trazado de un tramo de 1,7 kilómetros de valla ya construida que, en la actualidad, arrebata 200 hectáreas de terreno al pequeño municipio palestino y cierra el paso a una superficie de cultivo seis veces mayor propiedad de sus habitantes. Todo, suelo dentro de la Línea Verde, la frontera internacionalmente reconocida entre Israel y los territorios palestinos ocupados.
El fallo del Supremo, acordado por unanimidad, rechazaba la justificación del Gobierno -denunciada en 2004 por el Ayuntamiento de Bilin, con 1.600 vecinos-, según la cual el muro se había levantado conforme a razones "militares y de seguridad" descritas como "vitales" para los residentes de Matityahu del Este, uno de los seis asentamientos que conforman el controvertido proyecto de expansión de la nueva ciudad judía de Modiin Illit.
"No estamos convencidos de estos argumentos" era la respuesta que ofrecía la corte presidida por la juez y ex fiscal jefe del Estado, Dorit Beinish, para reclamar que el muro sea parcialmente desmantelado. Eso sí, sin fijar plazos -la expresión es "dentro de un tiempo razonable"- y para "levantarlo en otro sitio adecuado", con lo que en ningún caso se cuestiona la legitimidad de Israel para seguir adelante con la barrera separadora.
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