M.CH., Tazacorte
La intervención del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, ampliando hasta los 100 metros (en 2001 se dictaminó en 20 metros) la zona de servidumbre de protección en un tramo de 4.487 metros de litoral en El Puerto de Tazacorte, ha sentado como un jarro de agua fría al Ayuntamiento bagañete, en medio de toda una compleja situación urbanística, desde el punto de vista administrativo y jurídico, que soporta en la actualidad el núcleo costero.
El grupo de gobierno de Tazacorte, representado por Unión Bagañeta (UB-CC), tras conocer la Orden Ministerial que afecta a multitud de parcelas de suelo pendientes de desarrollar a lo largo de toda la superficie costera o a edificaciones terminadas, ha decidido, según ha anunciado su primer teniente de alcalde, Juan Miguel Rodríguez, en declaraciones a EL DÍA , que recurrirán la decisión adoptada por la Dirección General y que de ser necesario se acudirán a un contencioso-administrativo por vía judicial para que se respete la situación anterior a esta orden.
Rodríguez considera que "Costas ha perjudicado seriamente al municipio con esta intervención, echando por tierra en principio el desarrollo de varios suelos urbanos programados como urbanizables en toda la zona del frente marítimo, casi en la totalidad de la zona costera, así como a varias edificaciones existentes dentro de los límites de protección marcados ahora por el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente".
En ese sentido, desde el consistorio se considera "inexplicable" la orden emitida por la ministra, Cristina Narbona, la cual entienden que se ha tomado sin justificación, entre otras cuestiones "porque afecta negativamente a todo el desarrollo planificado por el ayuntamiento y aprobado en su momento por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Ese nuevo deslinde que se nos ha comunicado sustituye a uno aprobado en octubre de 2001, con los informes preceptivos favorables emitidos desde la propia Dirección General de Costas, por lo que no entendemos ahora la necesidad de cambiarlo".
Lo que está claro, puntualizó el concejal de UB, "es que las posibilidades de garantizar un desarrollo adecuado en El Puerto de Tazacorte se verán mermadas con esta acción, al imposibilitar la realización de cualquier desarrollo residencial o turístico dentro de la zona de servidumbre". Tal y como recoge la legislación de Costas, las parcelas o edificaciones incluidas en ese espacio de protección, sólo admiten usos tradicionales, no se pueden edificar ni ampliar, y además, si la Administración lo considera necesario, podrían ser expropiadas por razones de interés general, tal y como parece que será el caso con algunas de las afectadas, vistos los planes del Ministerio en este tramo costero.
Entre estas parcelas se encuentra una en proceso de urbanización, con un conflicto judicial en medio, como es la de Los Tarajales. Al respecto, Rodríguez señaló que, "en este caso, tanto esta como el resto, sí que se ven afectadas por esta Orden Ministerial", por lo que quedarán pendientes, de no encontrar una salida, las acciones pertinentes que adopte el departamento de Costas al respecto.
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