El tiro, por la culata

EN ESTA COMUNIDAD nuestra, los que realizamos algunos trabajos remunerados admitimos, confiados, los consejos, que son mandatos, de los sindicatos a los que estamos afiliados. Pero somos distintos a los demás españoles. Somos más tontos. Eso lo demuestra lo que ha pasado con el affaire de la huelga de las ambulancias, que iba para cuatro meses de duración y parecía que seguiría unos meses más porque los trabajadores, o sea, los sindicatos, no se conformaban con la oferta salarial de los empresarios. Y como el paro de estos transportes de enfermos estaba poniendo en peligro la vida de los pacientes, con su negativa a transportarlos a los hospitales y a los centros de salud, tuvo que implantarse el laudo de obligado cumplimiento. O sea, obligar a trabajar a los huelguistas, estableciendo las normas que señala la Ley. Incluso, en este trámite, se tardó más tiempo de la cuenta, y ni siquiera así pudieron entenderse empresarios y sindicatos. Pero, como la cosa no avanzaba, se puso en vigor el laudo inaplazablemente. Y, aplicada la Ley, resulta que la decisión gubernamental recorta las subidas de salarios ofrecidas por la patronal. O sea, después de la coacción de tres meses sin dar golpe y poniendo en peligro de morir a muchos enfermos, los trabajadores cobrarán menos de lo que les ofrecieron los empresarios. Por ejemplo, las empresas ofrecieron como incremento del salario de un conductor un 80,85 por ciento, mientras que el laudo, que es una decisión arbitral y sustituye al convenio colectivo vigente, lo deja en un 47,97 por ciento. La diferencia es notable.

Claro que hay establecida una especie de "vista gorda" para no aplicar el despido a los que fueron sancionados como señala el Reglamento, y parece que en eso se cede cuando, a criterio de todo el pueblo sufridor, en especial de los familiares de los que se agravaron o murieron, estas sanciones deben cumplirse a rajatabla. Y es que en este país las leyes se hacen para que no se cumplan aunque sean de la importancia fundamental de las violadas por los trabajadores de las ambulancias cuando eluden realizar los servicios mínimos. Ha sido una sanción aleccionadora, pero se quedó corta. Podría haber sido ejemplar, para evitar en el futuro su repetición. Sin embargo, no puede quedar la cosa, insisto, así como así. ¿Qué hubiera ocurrido si muere alguno de los enfermos de afecciones renales por falta de las periódicas sesiones de diálisis o un herido grave llega tarde o no llega al centro hospitalario porque no hay una ambulancia para llevarlo? En adelante hay que atar muy fuerte la solución de necesidades como esta. Pero, a la vista de la gestión de la Sanidad pública, no me hago muchas ilusiones.