EL DÍA, S/C de Tenerife
"Piedad" lleva casi un mes viviendo con su madre biológica en Las Palmas, según ha podido saber EL DÍA de fuentes fidedignas cercanas al caso, después de que, según dictó una sentencia, tuviera que dejar a la familia que la acogió en Tenerife durante dos años, información que contradice las afirmaciones de la asociació Prodeni.
Las mismas fuentes aseguraron que un equipo interdisciplinar de técnicos de la Adminsitración se hizo cargo de la pequeña desde hace algo más de tres meses para dar cumplimiento a la sentencia judicial, que obligaba a la reunificación familiar de la niña con su madre biológica.
Asimismo, precisaron que, durante este tiempo, se han llevado a cabo visitas entre la madre y la niña, con resultado favorable. Siguiendo los consejos de los técnicos, la toma de contacto se ha realizado de forma progresiva.
Tras un primer acercamiento de poco tiempo se fue pasando a compartir tardes, días y fines de semana, para ir valorando el comportamiento de ambas.
Tras diagnosticar que los resultados han sido positivos por ambas partes, la Administración decidió que "Piedad" saliera del centro de acogida para ir a vivir con su madre biológica. Según las fuentes, el proceso se ha realizado bajo la supervisión de jueces y fiscales.
Esto contrasta con el comunicado remitido, el pasado lunes, por la Asociación para los Derechos del Niño y de la Niña (Prodeni), donde se afirmaba que "la menor todavía continúa en un centro de menores, a los cien días de ser separada de la familia en la que estaba felizmente integrada".
Los miembros integrantes de la Plataforma a favor de "Piedad" han remitido escritos a las instituciones canarias (Audiencia, Juzgado y Consejería de Asuntos Sociales) reclamando la devolución de sus derechos a la menor.
Prodeni ha remitido un escrito al Juzgado de 1ª Instancia nº 5 (familia) de Las Palmas de Gran Canaria, a la Sección Tercera (civil) de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y a la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno Canario.
Prodeni señala la responsabilidad institucional del "maltrato que se está infligiendo a la menor, ya que en contra de su voluntad continúa aislada e incomunicada de su mundo afectivo y privada de sus derechos como persona".
En su opinión, "en tres meses de ininterrumpido internamiento no ha sido posible entregarla a la madre biológica, a pesar del interés de los profesionales", afirma.
Esta asociación expresa su disconformidad con las medidas judiciales que se han tomado con esta menor. "En ningún momento compartimos las medidas judiciales de entrega inmediata de la menor a la madre biológica que intentó el Juzgado nº 5 de 1ª Instancia (Familia) de Las Palmas de Gran Canaria, como tampoco la decisión adoptada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial (Civil) de proceder a su entrega previo ingreso de la niña en un centro de menores y un programa de acercamiento progresivo".
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