Una mentira de isla contra un Archipiélago de verdad

En no pocas ocasiones la realidad se convierte en el principal y más contundente argumento. Es el caso de lo ocurrido en la Comunidad Foral de Navarra, donde los delegados de uno de los dos partidos estatalistas, el PSOE, se han visto ninguneados y humillados por la decisión de los jerarcas de la organización en Madrid. Todas las horas de negociación que habían mantenido para alcanzar un acuerdo con una formación nacionalista, todos los desvelos por diseñar una fórmula de gobierno adecuada para la región, se dieron de frente con la negativa de quienes de verdad mandan, de quienes deciden sobre las vidas de los demás sin importarles si esto o aquello es lo que más les conviene. Pero este caso, que tan lejos y tan al pairo nos trae por estas tierras, adquiere, sin embargo, un especial significado para el Archipiélago, toda vez que el líder nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, tras celebrarse las últimas elecciones autonómicas y locales, llegó al extremo de convertir a las Islas en moneda de cambio con los socialistas con tal de que sus mandados en Navarra se mantuvieran en la poltrona. Ellos, a través de UPN, seguirían gobernando en Pamplona con el apoyo socialista. El PSOE, con López Aguilar al frente, lo haría en Canarias con el visto bueno de los populares. Nada le importaba a Rajoy que aquello fuera mejor o peor para Canarias y los canarios porque, a fin de cuentas, ¿qué es Canarias para el PP? Evidentemente, lo mismo que para el PSOE: un elemento secundario dentro del panorama político estatal, si acaso la prisión adecuada para exiliar a quienes no interesan. Le ocurrió a Miguel de Unamuno y, salvando las distancias intelectuales, también a Juan Fernando López Aguilar, un mero apéndice de Madrid, tal y como quedó demostrado en la entrevista publicada por este periódico el pasado domingo, aunque denostado cruelmente por sus jefes. Pero es que, con todo, parte de la propuesta de Rajoy se ha cumplido: los populares gobernarán en Navarra con el apoyo de unos desganados dirigentes locales del PSOE que se han dado cuenta de que para ser alguien hay que residir unos cientos de kilómetros más al sur. Podremos imaginar entonces lo que ocurre con un pueblo que se encuentra a dos mil kilómetros del centro de poder real, en mitad del Atlántico y sufriendo un olvido histórico, el propio de quien jamás ha superado el estigma de la colonización.

Si la propuesta de Rajoy no fructificó fue porque el tiempo corría y los nacionalistas canarios se apresuraron a establecer un acuerdo con el PP. En el caso de que dichas negociaciones se hubieran extendido más de la cuenta, de que hubiesen marchado en paralelo a las de Navarra, hubiera existido el riesgo, porque sólo cabe calificarlo de esa forma, de que la coyuntura surgida en el norte de la Península, porque así les hubiera dado la gana a los dirigentes estatales del PSOE y del PP, hubiese desembocado en un pacto entre socialistas y populares en las Islas, o lo que es lo mismo: en el punto y final para Canarias y el definitivo hundimiento de Tenerife. Y es que resulta necesario insistir de todas las formas posibles en que la representación de los partidos estatalistas en el Archipiélago dista mucho de ser heterogénea y equilibrada. Una sola isla, Canaria; una sola ciudad, Las Palmas de Canaria, se han convertido en el fortín de dichas formaciones políticas. Cual virreyes que ansían la llegada de las órdenes de la metrópoli para imponérselas a la plebe, los políticos canariones, aduladores sin límite de todo lo que parezca, suene y huela a Madrid, se encargarían, en el caso de asumir todo el poder autonómico, de rematar el trabajo que comenzaron en 1927 con la absurda división provincial. Para ello cabrían dos fórmulas. Por un lado, el mantenimiento de las dos provincias, es decir, la aplicación de la lógica administrativa peninsular, y la conversión de Las Palmas de Canaria en capital única del Archipiélago, como de facto se la trata desde Madrid desde hace décadas; por otro, la transformación de las Islas en una sola provincia y, de igual forma, la ubicación de la capital única en Las Palmas de Canaria. En cualquier de los casos, el control absoluto de las instituciones autonómicas por las fuerzas estatales, o lo que es lo mismo, por la clase política de Las Palmas de Canaria, sinónimo de Madrid, abundaría en la situación de desequilibrio que caracteriza al Archipiélago y que esas mismas formaciones políticas, con el apoyo, eso sí, de parte de un nacionalismo tinerfeño que se halla desnortado, que no parece darse cuenta de quiénes son los que le votan y para qué reciben tales sufragios, tratan ahora de oficializar por medio de una irrisoria reforma del Estatuto de Autonomía. Pero no es precisamente de risa la situación que se crearía en el caso de que el texto se aprobase, porque si así ocurriese el apócope "gran" se consolidaría como parte de la denominación de la tercera isla, Canaria, con todas las injustas ventajas que ello conllevaría para dicho territorio y los consiguientes perjuicios para el resto de las islas, pero sobre todo para quien realmente debería ostentar tal apócope aunque jamás la haya reclamado, Tenerife, primera y más importante isla de Canarias, aunque vilipendiada por la hostilidad de unos insaciables vecinos que se afanan en ensombrecerla por medio de viles y absurdas mentiras. "Gran" Canaria es, más que nunca, "Gran" Mentira. Pero a tal aberración se añade la enumeración de las islas por orden alfabético en ese cómico Estatuto, decisión propia de quienes, además de descubrirse como legos en derecho comparado, parecen especialmente estimulados a la hora de falsear la realidad, sean de donde sean y representen a los ciudadanos de la isla que sea. Sobra decir que la única beneficiada de tal desorden jurídico es, cómo no, Canaria. Y es que, una vez más, "Gran" Canaria, repetimos, es, más que nunca, "Gran" Mentira. Y para rematar la faena, para convertir la humillación en un duro y sangrante flagelo a los derechos históricos de Tenerife, se adultera el escudo que históricamente ha representado al Archipiélago, conviertiendo la otrora silueta sobresaliente del territorio tinerfeño, desde hace unos meses Patrimonio de la Humanidad, en un remedo de la silueta canariona. "Gran" Canaria, una vez más, se descubre como "Gran" Mentira.

La reforma estatutaria lleva a Canarias hacia un callejón sin salida, y la única solución pasa, no nos cansamos de repetirlo, por la reforma de la reforma, la eliminación de las tres "grandes" mentiras del texto a la mayor urgencia posible. Con todo, dicho trámite, sencillo y para cuya ejecución sólo resulta necesaria la voluntad de que la justicia predomine sobre la falsedad y el desequilibrio, no debe concebirse sino como un mero paso hacia un estatus que garantice la armonización definitiva de las Islas, lo que conduce ineludiblemente al restablecimiento de los derechos históricos de los siete territorios que componen el Archipiélago, mancillados desde 1927 como consecuencia de la preeminencia de la clase dirigente de Canaria. El objetivo debe ser el logro de un acuerdo con la administración española para que se redacte y apruebe un estatuto especial que vaya mucho más allá de la autonomía ficticia que las Islas sufren desde hace más de dos décadas, y que contemple la soberanía como base jurídica a través de la cual construir la convivencia en paz y equilibrio que los canarios ansiamos desde hace siglos. Tal estatuto garantizaría una relación privilegiada con el Estado español en todos los ámbitos salvo en el político y el administrativo, al tiempo que contemplaría al Archipiélago como territorio europeo y por lo tanto lo mantendría vinculado al ilusionante proyecto de la Unión, con todo lo que ello conlleve en derechos y obligaciones, aunque siempre con un protagonismo superior al actual. La UE, sobra decirlo, ha concedido a Canarias un trato mucho más acorde a sus necesidades y su realidad que el otorgado por España, y los canarios debemos corresponder a dicho trato colaborando en la construcción de una Europa fuerte y con visión de futuro. Al mismo tiempo, el Estatuto debería garantizar la permanencia de Canarias en el marco de las principales organizaciones de defensa internacionales, principalmente la OTAN, lo que dotaría a las Islas de un paraguas defensivo ante situaciones que, con todo, han pasado al olvido y todo apunta a que jamás se repetirán, tal es el caso de las antaño apetencias marroquíes por asumir el control del Archipiélago. Marruecos, no lo olvidemos, aspira a ser un socio privilegiado de la UE y ya lo es de la OTAN, y difícilmente va a tirar piedras contra su propio tejado. Debe ser, en definitiva, un estatuto que responda a las ansias de Canarias de encontrarse a sí misma y, de forma paralela, que intensifique su apertura hacia el exterior, un estatuto propio de una democracia del siglo XXI.

Ese esperado estatuto de soberanía retornaría a Canarias a la situación que jamás debió abandonar, devolviendo a cada cual lo que en justicia le pertenece. A Tenerife, lo que le corresponde, sobre todo lo que descaradamente se le ha birlado a lo largo de décadas de agitado poder canarión. A Canaria, lo que es suyo, que no es poco, aunque habría que restarle lo que su clase dirigente se ha apropiado con el empleo de diferentes argucias y ante la pasividad de un desidioso poder político tinerfeño. Y al resto de las Islas, cómo no, lo que les es propio, además de que se verían beneficiadas por la restauración de un paisaje de equilibrio en el que se volvería a una sola provincia con capital única en Santa Cruz de Tenerife, respetando de esa forma la historia y el sentido común. Y es que lo único que defendemos desde estas páginas es la vuelta a la normalidad y la implantación de la justicia en las relaciones entre los diferentes territorios del Archipiélago. Por ello diferimos sensiblemente de algunas opiniones aparecidas en la prensa canariona sobre el interés de este medio de comunicación en "destripar" a Canaria. Si destripar es pedir, exigir, que se devuelva lo robado y se tomen decisiones que tiendan hacia el equilibrio y la convivencia pacífica, bendito destripamiento, pero podemos asegurar que nuestra intención no es hacer daño a nadie, y mucho menos a los habitantes de Canaria, a quienes en repetidas ocasiones hemos mostrado nuestro afecto. Ellos no tienen culpa de estar manipulados por una clase dirigente ajena a los buenos modos y el criterio del interés común, y si Canarias retorna a una situación de equilibrio, también ellos, las mujeres y hombres de Canaria, se verían beneficiados. La justicia, estimados comentaristas canariones, es buena para casi todos, porque tan solo perjudica a quienes indignamente se han empeñado durante más de un siglo en desunir por medio de mentiras. Y habría unidad.