N. MARTÍN, S/C de Tenerife
Si bien el Gobierno de Canarias avanzó a finales de la legislatura pasada que a estas alturas la adaptación de los planeamientos municipales estaría a punto de culminar, ahora admite que el proceso lleva más retraso del previsto y que al menos hasta dentro de dos años no habrá finalizado. Es más, en estos momentos apenas un tercio de los ayuntamientos cuenta con planes generales que cumplan tanto con el texto refundido de la Ley del Territorio y Espacios Naturales como con la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, según explicó ayer el consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo, Domingo Berriel.
En unas declaraciones poco antes de presidir la toma de posesión de Miguel Ángel Pulido como viceconsejero de Ordenación Territorial, Berriel achacó esta situación a complicaciones políticas y sociales de los propios municipios en el proceso de adaptación -especialmente la celebración de las elecciones municipales- y a la normativa tanto estatal como europea que se ha ido aprobando mientras se tramitaban los planes, de la que citó la ley 9/2006 sobre la evaluación medioambiental del planeamiento, unos elementos en los que, según Berriel, se encuentra el "cuello de botella".
"Hemos puesto los recursos"
Según dijo, la responsabilidad de la demora no se encuentra en la actuación de la Comunidad autónoma, que "ha puesto todos los recursos necesarios para que los ayuntamientos se puedan adaptar". Por su parte, Pulido -hasta ahora director general de Ordenación del Territorio del propio Gobierno-, subrayó que "la adaptación no depende únicamente de la voluntad del Ejecutivo. Hemos dedicado recursos públicos suficientes, pero de nada sirve si después los municipios tardan un año en responder a las alegaciones".
No obstante, tanto el consejero como el nuevo viceconsejero reiteraron que la adaptación urbanística será uno de los objetivos prioritarios de sus respectivos departamentos para los próximos cuatro años, al tiempo que el primero recordó la importancia que este proceso tiene para poder calificar nuevo, fundamental para cumplir con lo que denominó la "función social del suelo", es decir, hacer posible su uso para levantar viviendas de protección oficial y centros educativos o sanitarios.
La adaptación plena tanto a las directrices como a la Ley del Territorio es esencial para clasificar suelo urbanizable y para proyectar nuevos crecimientos y su carencia es uno de los obstáculos con los que se encuentran los municipios a la hora de ceder suelo para la construcción de vivienda protegida o para los citados centros sanitarios o educativos.
Hasta el momento, apenas un puñado entre los 87 ayuntamientos canarios cumplen de forma plena y constatada con estos requisitos. Tal y como adelantó este periódico, apenas una quincena de ellos tendrían sus planes totalmente adaptados: Buenavista del Norte, Candelaria, La Guancha, El Rosario, Santiago del Teide, Arona e Icod de los Vinos en Tenerife; Arucas, Gáldar, Santa Lucía, Tejeda y Valsequillo, en Gran Canaria; Agulo y Hermigua, en La Gomera, y Puntallana y Tazacorte, en La Palma.
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