El Tribunal de Cuentas denuncia el desvío de ayudas públicas a las arcas de los partidos

N. MARTÍN, S/C de Tenerife

Instituciones que dan subvenciones no contempladas en la legislación vigente y partidos políticos que utilizan para su funcionamiento ordinario las ayudas que municipios y cabildos les otorgan para el uso de grupos institucionales son algunas de las conclusiones del último informe de fiscalización de estas formaciones por parte del Tribunal de Cuentas, referido a 2004, aunque aprobado el pasado mes de junio, y en el que se apunta también a que los partidos no son transparentes en cuanto a su actividad financiera a nivel local.

El alcance de la fiscalización son las formaciones con representación en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las distintas cámaras autonómicas, por lo que, además de al PSOE y al PP, la investigación se refiere a CC y al Partido Independiente de Lanzarote -que en 2004 se sentaba en el Parlamento regional- y a las instituciones de las que han recibido fondos en ese período, entre ellas varios ayuntamientos y cabildos del Archipiélago.

El uso de fundaciones

Si las formaciones políticas españolas recibieron ese año un total de 46.280.233 euros en subvenciones de las corporaciones locales para el funcionamiento de los grupos en esas instituciones, el Tribunal de Cuentas constata que parte de esos fondos terminan indebida- mente en las arcas para uso interno de los partidos, unas arcas, además, que no son todo lo transparente que deberían.

El informe asegura que estas formaciones no siempre recogen en sus cuentas ni estos fondos ni la actividad financiera de sus entidades locales en toda su amplitud y recuerda que ésta ha sido una demanda reiterada del tribunal porque limita su capacidad de control.

Pero las críticas no se refieren únicamente a los partidos, sino que alcanzan a las instituciones que les conceden ayudas que no están contempladas en la legislación vigente, fundamentalmente el Gobierno de Euskadi y el Parlamento de Cataluña, que en 2004 otorgaron 3,56 y 7,5 millones de euros, respectivamente, para el funcionamiento interno de los partidos y no de los grupos representados en instituciones de ambas comunidades.

La fiscalización de Cuentas indica que, pese a las explicaciones aportadas por ambas, la regulación que hacen de las ayudas a partidos no tiene ningún soporte en la legislación estatal.

Capítulo aparte merecen para el tribunal las relaciones que estas formaciones mantienen con sus fundaciones, que, según el texto, podrían calificarse de casi cualquier forma menos transparentes.

Asimismo, éste se queja de la insuficiente regulación de las citadas relaciones con las fundaciones, que han sido utilizadas para ingresar las aportaciones al partido de los sueldos de los altos cargos de las diferentes administraciones, así como para realizar la compra y alquileres de inmuebles que finalmente terminan en manos de las formaciones políticas.

La falta de información también es una queja constante del documento no sólo en cuanto a las subvenciones recibidas, sino en lo que se refiere a las deudas contraídas con entidades financieras. El tribunal relata, incluso, cómo tuvo que advertir a algunas de éstas de que publicaría sus nombres en el informe después de que no respondieran a sus requerimientos sobre los créditos a los partidos.