El Estatuto cumple 25 años

N. MARTÍN, Tenerife

Si es cierta la afirmación de que las amistades insulares son amistades circulares, lo mismo podría decirse de ciertos asuntos cuando se echa la vista atrás sobre los 25 años que han pasado desde la aprobación del vigente Estatuto de Autonomía, tal y como relatan quienes fueron los ponentes del texto en el Congreso de los Diputados: el socialista Jerónimo Saavedra y los centristas José Miguel Bravo de Laguna y José Luis Mederos, ex militantes de la extinta Unión de Centro Democrático (UCD), que coinciden en señalar que muchas de las dudas y de los obstáculos que se dieron en su tramitación son los mismos que en la actualidad, cuando se debate su segunda y más trascendente reforma, cuestiones como la delimitación de las aguas territoriales, el sistema electoral o el Régimen Económico y Fiscal (REF).

El próximo 10 de agosto Canarias celebrará la aprobación del marco de su autogobierno, una fecha que pasará casi de puntillas y que será conmemorada con la organización por parte del Parlamento regional de un programa de actos que se iniciará en los meses de septiembre y octubre y que se dilatará hasta el 30 de mayo, cuando también cumplirá sus bodas de plata la Cámara autonómica, según anunció hace escasos días su presidente, Antonio Castro Cordobez.

Los artículos 151 y 143

El ex presidente del Parlamento José Miguel Bravo de Laguna, diputado por Las Palmas en 1982 y uno de los ponentes canarios del texto junto con políticos estatales como el recientemente fallecido Gabriel Cisneros, Gregorio Peces Barba o Jordi Solé i Tura, recuerda que el debate estatutario se inició en Canarias a finales de los años setenta del siglo XX al calor del mismo proceso por el que pasaba el resto de España.

No obstante, no fue hasta 1982 cuando el Congreso de los Diputados aprobó un texto que no fue sometido a referéndum, como ocurrió con los de las comunidades "históricas" que usaron el artículo 151 de la Constitución, sino que utilizó la vía del artículo 143, pese a que una ley orgánica -la famosa Lotraca- le garantizó un nivel de competencias similar.

Bravo de Laguna explica que esta opción se tomó por "el miedo que existía en el Gobierno de que el alto nivel de abstención que se registraba en las Canarias en las elecciones se repitiera en esa consulta y que fuera interpretado internacionalmente, sobre todo por la Organización para la Unidad Africana, como un deseo de independencia, en una época en la que la sombra del independentismo sobrevolaba el Archipiélago", una apreciación en la que coincide con su ex compañero de partido y también ponente José Luis Mederos.

Mederos constata las reticencias del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, que "creía que aquello podía ser muy complejo porque no quería que se confundiera el referéndum con la independencia en una época en la que la Unión del Pueblo Canario (UPC, coalición de partidos comunistas, independentistas y nacionalistas de izquierda) tenía fuerte implantación", lo que llevó al Archipiélago a una fórmula intermedia entre los artículos 143 y 151.

"Nosotros teníamos muy claro -subraya el ex diputado de UCD- que no podíamos ser una autonomía de segundo nivel. La lejanía era una cuestión indiscutible que había que tener en cuenta y eso obligó a una negociación muy dura con el entonces ministro de Administraciones Públicas, Rafael Arias Salgado. Al final, se sorteó aquel obstáculo con la Lotraca", añade.

Sin embargo, uno y otro explican que la tramitación no fue el único obstáculo en el camino hacia la aprobación del Estatuto, que finalmente sería aprobado por los plenos de los 87 municipios canarios. Cuestiones como la delimitación de las aguas territoriales, la ubicación de la capital, el reparto de las sedes de la futura autonomía o la ley electoral empantanaron las negociaciones.

El debate más intenso "fue el que se vivió en el seno de la propia UCD, sobre todo por la cuestión del mar territorial porque ya pensábamos en el mar interior. Tan complicada era esa cuestión, que el Gobierno no respaldaba, que ha quedado pendiente y el debate sigue vivo", según Mederos.

No obstante, ambos apuntan en la misma dirección cuando se les pregunta acerca del mayor obstáculo que se encontraron durante la negociación: la capitalidad y el reparto de sedes de los organismos públicos.

Para Bravo de Laguna, "fue una de las cuestiones más complejas. En la UCD tratábamos de lograr que el reparto fuera equilibrado, evitando de paso que se diera una duplicidad que hiciera excesivamente costosa la autonomía", admite.

En la misma línea, su ex compañero defiende que la cuestión "más explosiva fue la de la capitalidad y el reparto de las sedes. En un principio se intentó que la capital fuera para La Laguna porque parecía que era una propuesta más alejada de la lucha entre Santa Cruz y Las Palmas, pero finalmente se optó por compartirla. Era la única opción, si bien ha tenido como consecuencia un equilibrio inestable que está siempre vigente".

A su juicio, la división que se acordó en aquel momento "fue positiva y en ella Tenerife no salió perjudicada, aunque en un primer momento se armó un buen follón por que la delegación del Gobierno se estableciera en Gran Canaria. Al final, se ha demostrado que la ubicación del Parlamento en Tenerife ha sido mejor para la Isla", añade.

Por su parte, el ex presidente del Gobierno Jerónimo Saavedra recuerda que fue el debate en el seno de la UCD el que retrasó la tramitación del texto, que salió de Canarias el 20 de diciembre de 1980 "y no llegó a la ponencia del Congreso de los Diputados hasta febrero de 1982". Saavedra explica que el golpe de Estado del 23 de febrero y el posterior acuerdo entre UCD y PSOE para consensuar la política autonómica en la denominada Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) fueron los que impulsaron en el Congreso la tramitación.

A su juicio, además de la cuestión de las transferencias a la nueva comunidad autónoma a través de la Lotraca, la capitalidad y el reparto de sedes fueron los dos aspectos más polémicos del texto.

Sobre la primera cuestión rememora "el follón que se armó en la prensa local de Santa Cruz de Tenerife cuando se propuso a La Laguna como capital".

En cuanto a la segunda, explica que se cerró en el denominado "Pacto de Medinaceli", firmado en una cena de diputados canarios de UCD celebrada en el restaurante del mismo nombre, en el que se le daría forma al actual esquema institucional de Canarias y donde "aquellos diputados descubrieron la triple paridad", la base del sistema electoral que lleva 25 años sin ser modificado.