Vivienda cree que los cupos garantizan el acceso a VPO de los menos favorecidos

N.M., S/C de Tenerife

El Gobierno de Canarias rechaza que la nueva normativa que introduce el sistema de sorteo en la adjudicación de viviendas de promoción pública sea antisocial, ya que considera que el aumento de los cupos que se dirigen a personas y familias con necesidades especiales garantiza el acceso a las personas menos favorecidas y no las coloca en pie de igualdad con el resto, por lo que no prevé alterar su decisión, según explicó ayer el director del Instituto Canario de Vivienda, Jerónimo Fregel.

El sindicato Comisiones Obreras, basándose en un reciente dictamen del Consejo Consultivo de Canarias -tal y como ayer adelantó este periódico-, anunció la presentación de un recurso en contra del decreto que modifica el tradicional sistema de adjudicación de viviendas en función de una baremación basada en la situación social por el sorteo, una decisión que el propio Consultivo cree que no respeta los criterios de "justicia, equidad y solidaridad" que deben primar en el reparto de un bien escaso y dirigido a los sectores menos favorecidos.

Para Comisiones Obreras, la modificación introducida por el Ejecutivo es contraria a la propia Constitución española, a la Ley de Vivienda de Canarias y a la Ley de Extranjería. En este último caso porque pone un obstáculo adicional a los inmigrantes en situación regular que quieren acceder a una vivienda protegida, ya que les exige unas condiciones temporales muy superiores que al resto de los ciudadanos de la Comunidad autónoma, según enumeró la responsable regional de Vivienda del sindicato, Pilar Margariños.

En cuanto al resto de solicitantes, Margariños recordó que el sorteo supone "meterlos a todos en un bombo y es el azar el que selecciona", en lugar de los criterios objetivos en función de la necesidad.

Fregel, por su parte, aseguró que si bien el decreto concede las mismas posibilidades de salir elegidos a quienes aspiran al cupo general de viviendas, "lo cierto es que estamos hablando de viviendas todas ellas destinadas a familias cuyos ingresos no superan los 10.000 euros al año", un elemento que cree que ya de por sí sitúa a los demandantes en unas circunstancias socioeconómicas similares, al tiempo que se mostró convencido de que la ampliación de los cupos especiales introducida por el Gobierno "permite cumplir con la discriminación positiva para determinados colectivos que, de no acceder a una vivienda por ese cupo, tienen una doble oportunidad después, ya que también pueden participar en el cupo general".

El director de Vivienda cuestionó las críticas del sindicato sobre el alto nivel de discrecionalidad que el decreto concede a los alcaldes, que son quienes proponen a los adjudicatarios de las viviendas que quedan vacantes, tanto por no haber sido cubiertas en el sorteo como por otras circunstancias.

A su juicio, "habría que demostrar que existe discrecionalidad por parte de los ayuntamientos, ya que la propuesta de los alcaldes viene acompañada siempre de los informes sociales y porque la persona que resulte adjudicataria de la vivienda tiene que cumplir con todos los requisitos", añadió Fregel.

Comisiones Obreras añadía a un tercer argumento a los dos expresados por Fregel y referido al acceso de los inmigrantes. El decreto del Gobierno exige una residencia continuada en algún municipio canario de siete años, lo que a su juicio supone situar en una situación de desventaja a los foráneos, aunque estén en situación regular y pagando impuestos.