EN ESTOS ÚLTIMOS años se han producido, con el comienzo del nuevo siglo, otros hechos relevantes: la constitución de órganos de participación no virtuales, como son los Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria (CIRPAC) para atender las necesidades de las personas con trastorno mental grave. Valoramos como positivo la aprobación de este organismo, por el consenso alcanzado entre todos los sectores de implicados en el desarrollo de los Planes Insulares de Rehabilitación Psicosocial (PIRP). Este organismo vivo de participación ha resultado muy efectivo y las dirección de área deberán seguir potenciándolos como hasta ahora, como instrumento de planificación, de consenso insular y de seguimiento de las acciones desarrolladas. En esta línea de sinergias, hace dos años se produjeron las transferencias de servicios sociales del Gobierno de Canarias a los cabildos insulares. Todo lo relativo al sector de la discapacidad, uno de cuyos sectores es la salud mental, ha sido asumida por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), cuya sensibilidad en la isla de Tenerife a través del desarrollo e implementación del Plan de Atención a la Discapacidad (PAD) ha sido de enorme importancia para corregir los déficits históricos en la atención social de las personas con trastorno metnal grave. Continuar y fortalecer las buenas prácticas, entre otras, como la atención a domicilio, el apoyo individualizado al empleo y las terapias creativas para personas con discapacidad por trastorno mental grave, con las que tenemos una experiencia acumulada y válida de varios años, se nos antoja de interés sustancial, más aún habiendo sida reconocidas más allá nuestras fronteras marítimas. El PAD, con su corte evaluativo anual, debe ser firmado urgentemente por el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, para garatiza la estabilidad del sector y no volver a las política de las subvenciones.
De esto no hay lugar a dudas, por lo que esperamos que se siga en esta línea de fructífera colaboración interinstitucional, con las asociaciones de familiares y el tercer sector, cuyo esfuerzo común ha mejorado sensiblemente la atención de las personas con discapacidad por trastorno mental grave. Esperamos que de este trabajo conjunto en 2010 podamos afirmar que el grado de implementación del PAD es superior al 75% de lo planificado. Podríamos decir todos, entonces, que la oportunidad histórica ofrecida por los poderes públicos en esta últiva década ha sido desarrollada con eficacia. No obstante, en estos años venideros habría que mejorar en este ámbito la agilización de la financiación a los proveedores de los recursos, evaluar los costes reales de las plazas de alojamiento, los costes propios de la gestión de los recursos, facilitar para determinadas personas el transporte sociosanitario e implementar programas de formación específicos ante el acceso de nuevas profesiones en el cuidado de las personas con discapacidad por trastorno mental severo. Ante la apertura de un nuevo mercado laboral, por el desarrollo del PIRO, PAD y la ley de dependencia, las facultades y escuelas de la ULL que guarden relación con el cuidado de las personas con discapacidad deberán establecer convenios para la formación adecuada de sus alumnos para su mejor cpacitación posterior para atender las necesidades del propio sistemas sociosanitarios. Asimismo, deberá superarse la escasa implementación de los recursos sociosanitarios del PAD en las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro, y los cabildos de estas islas no pueden seguir como si no fuera este sector de su responsabilidad. En el sur de Tenerife debería mejorarse el transporte público de las entidades poblacionales más alejadas de los lugares de intercambio social para romper las barreras actuales de accesibilidad a los recursos sociosanitario y sanitarios. No obstante, hay una cuestión estratégica pendiente, que escapa al ámbito de la saludmental, hablamos de la corresponsabilidad de los servicios sociales municipales, en una hipotética de devolución en condiciones financieras óptimas de las transferencias sociales de los cabildos a estas instituciones locales, lo que significaría entrar en la era del municipalismo participativo.
Por último, la aprobación por el Parlamento español de la conocida Ley de Dependencia que no afecta sólo a las personas mayores, sino que también sus beneficiarios reconocidos, son las personas con discapacidad por trastorno mental grave deberá ser un punto de especial atención para la Consejería de Sanidad, la Consejería de Bienestar y la de Empleo. Este derecho cubjetivo, como cuarto pilar del Estado del bienestar, pese a la discusión sobre su sostenibilidad económica, o si invade competencias o no de las comunidades autónomas, lo cierto es que los ciudadanos pueden ser beneficiarios de una prestación económica o serle ofrecida una cartera de servicios de acuerdo a unos criterios de valoración, aunque muy discutibles, par alas enfermedades mentales, abre nuevas posibilidades para la cobertura de las necesidades de las personas y sus familias con diferentes grados de dependencia. Y esperamos que la Consejería de Bienestar y la de Sanidad definan urgentemente la cartera de servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos, hagan una política horizontal para el beneficio de la sociedad de la inclusión, no rompan la continuidad terapéutica en ridículas rivalidades profesionales, se respeten los planes individuales terapéuticos elaborados por los servicios especializados de atención a la salud mental y se mantenga el criterio, como hasta ahora, de que la puerta de entrada a la cartera de servicios pública sea única, a través ede los equipos comunitarios de salud mental.
Continuar con los órganos consultivos sectoriales, para garantizar la transparencia en las decisiones del gobierno, como ha sido la Comisión Asesora Regional en Salud Mental, más aún en la previsión de una legislatura con un clima interinsular muy difícil, lo seguimos apoyando como una medida bien acogida por todos los sectores implicados, la cual no vendría a significar rupturas graves con la línea de actuación mantenida en relación al ámbito de la salud mental y facilitaría espacios de diálogos transversales e interinsulares.
En lo expuesto nos empuja el compromiso de todos por mejorar la vida de las personas de nuestra tierra.
* Firman también este artículo:
Juan de la Fuente, Cecilio Hernández, Lina Tost, Rodrigo Garate, Juan Ojeda, Elías Sánchez, Ramón Alonso, Raquel Arozena y AFES
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