Santa Cruz de Tenerife, EFE El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó, con los votos de CC y PP, un informe elaborado por los servicios jurídicos de la corporación en el que se alude a la "imposibilidad material de ejecución de la sentencia" dictada por el Supremo.
El Tribunal Supremo dictó una sentencia el pasado 3 de mayo en la que anulaba la compraventa que el consistorio realizó sobre el frente marítimo de la playa santacrucera de Las Teresitas a dos empresarios por un valor de 8.750 millones de pesetas en el año 2001.
La asesoría jurídica del ayuntamiento pide, en las conclusiones del informe aprobado hoy, con lo votos en contra del grupo Mixto y del grupo Socialista, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) determine la imposibilidad material de ejecutar la sentencia, debido a la "alteración del planeamiento urbanístico y la pérdida de aprovechamiento que conlleva".
En los fundamentos jurídicos del informe se recuerda que desde la operación de compraventa se ha aprobado una nueva ordenación urbanística, que se aprobó definitivamente por la COTMAC el 10 de octubre de 2005.
En esta nueva ordenación urbanística se clasifica los terrenos señalados como suelo urbano no consolidado, lo que elimina su uso lucrativo privado.
"La consecuencia inmediata de este cambio de ordenación urbanística operado sobre las parcelas objeto del contrato anulado, es la imposibilidad material de la "restitutio in integrum", señala el informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento.
Si el TSJC no considera la imposibilidad de ejecutar la sentencia, el informe pregunta ¿cómo realizar las devoluciones de las parcelas?.
El informe también pide una compensación económica para los empresarios equivalente al desaparecido valor de los aprovechamientos lucrativos de las parcelas que se restituyen.
Por su parte, la portavoz del grupo Socialista, Gloria Rivero, dijo que el pleno de hoy servía para retrasar la ejecución de la sentencia del Supremo que es "clara y contundente", y agregó que este no era el pleno sobre Las Teresitas pedido por su grupo.
"El informe no hará más que retrasar el cumplimiento de una sentencia", subrayó.
Gloria Rivero indicó además que el informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento no defiende a la corporación sino que "parece un informe en defensa de los empresarios".
La portavoz socialista en el ayuntamiento aseguró tajante de que "no existe imposibilidad jurídica de ejecución de la sentencia", en la que se dice que no hubo valoración técnica de las parcelas y se pagó de más.
"El informe es una chapuza jurídica que va en contra de los intereses generales del pueblo de Santa Cruz de Tenerife", agregó.
Ángel Isidro Guimerá, del grupo Mixto, señaló que "aquí nadie quiere reconocer los errores cometidos", y tachó al informe de "débil, nada contundente y de parecer defender los intereses de los empresarios".
Recordó que en un informe anterior se habló de que la sentencia del Supremo era "incongruente" y se pedía la suspensión cautelar de la sentencia .
"Claro que la sentencia del Supremo se puede cumplir; el ayuntamiento devuelve la parcelas adquiridas y los propietarios devuelven los 8.500 millones de pesetas", afirmó Guimerá.
El grupo Mixto y el Socialista pidieron, de nuevo, la dimisión del alcalde Miguel Zerolo.
Tanto el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, como los concejales de Urbanismo y Economía y Hacienda, Luz Reverón y Ángel Llanos, respectivamente, coincidieron en señalar que la obligación del ayuntamiento es hacer caso a sus servicios jurídicos y se debe respetar el informe jurídico elaborado y aprobado hoy en el pleno.
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