Canarias, al rojo vivo

JORGE DÁVILA, S/C de Tfe.

Al cierre de esta edición Canarias continuaba envuelta en llamas. Los puntos calientes se multiplicaban con una facilidad asombrosa y los partes de trabajo no invitaban a la esperanza. Había fuego en las dos islas capitalinas. El de Gran Canaria seguía tan descontrolado como al amanecer y el de Tenerife avanzaba con una velocidad endiablada. También hubo amenazas de menor calado en La Palma y en La Gomera. Además, los termómetros superaban con mucho los 30 grados centígrados -en las zonas más alejadas de los focos de calor- y el viento quemaba.

Ni los más optimistas se atrevían ya a poner un pronóstico final a una catástrofe ecológica que en menos de 24 horas había provocado unos cuatro mil desalojos y calcinado más de 6.500 hectáreas de masa forestal. En Gran Canaria el panorama era igual de triste que en las dos jornadas anteriores y en Tenerife la cosa se ponía fea. Al borde de la medianoche la angustia era absoluta. A esa hora ya se sabía que hoy iba a ser un martes durísimo.

"Ahora mismo, la única prioridad es evitar por todos los medios la eventual pérdida de vidas humanas", señaló el presidente del Gobierno, Paulino Rivero. Con este consuelo se marcharon a dormir la mayoría de los canarios. Otros, en cambio, siguieron en las trincheras desde las que se hacía frente a los incendios. Al de Gran Canaria ya le se había asignado el Nivel 2, pero tiene bastantes probabilidades de acceder hasta el 3. Tenerife permanecía en el Nivel 1, aunque algunos expertos valoraban cuánto tiempo se podría aguantar con unas condiciones ambientales tan adversas.

No hace falta decir que debido a la situación de alerta máxima que se estaba viviendo en Tenerife y Gran Canaria, enseguida, llegaron los mensajes con los que se prohibía acceder -a todas las personas que no formaban parte de los operativos contraincendios- a las áreas que se encontraban ardiendo.

Mientras las cuadrillas se peleaban con el fuego, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arucas ordenaba su entrada en la cárcel de Salto del Negro de Juan Antonio N.A., el agente forestal de 37 años que, al igual que en su primera declaración ante la Guardia Civil, reconoció que el desastre de Gran Canaria llevaba su firma, dijo Guillermo García Penasco, fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El detenido, que anoche ya durmió entre rejas, declaró que su único deseo era que le ampliaran el contrato que lo unía al Cabildo Insular de Gran Canaria: la fecha del compromiso laboral iba del 1 de julio al 30 de septiembre de 2007. María Auxiliadora Díaz, la jueza que escuchó su relato, firmó un ingreso en prisión incomunicado y sin fianza. En otro escenario completamente distinto se movía la clase política.

Paulino Rivero anunció que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy un bloque de medidas para ayudar a los damnificados por los incendios. Asimismo, pidió al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero el mismo trato que recibió Galicia cuando fue arrasada por el fuego, en el verano de 2006.