LA DECISIÓN política tomada en 1995 de las transferencias sanitarias a la Comunidad Canaria significó una nueva época para la sanidad. Esta decisión -hay un amplio consenso en su valoración- ha representado un avance para acercar los recursos sanitarios a los ciudadanos y ha permitido, gracias a un mayor conocimiento de nuestra problemática, realizar una gestión directa de los recursos. Podría discutirse si la negociación de las transferencias fue la adecuada o no, pero lo que sí parece cierto es que el sistema sanitario necesita mejorar urgentemente su gestión, menos pendiente a los cambios de color político y más profesionalizada, así como lograr la financiación procedente del Estado en la triada del llamado déficit histórico sanitario, costes sanitarios de la fragmentación insular y costes de la nueva demanda que genera el crecimiento poblacional con un ritmo de 50.000 personas cada año. La capacidad financiera es una garantía para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Esperamos que las medidas contempladas en el Pacto Social por la Sanidad corrijan este endemismo. La labor es ardua.
La relevante decisión política de las transferencias sanitarias, aún incompletas, como acontecer democrático, ha afectado positivamente el desarrollo de un subsistema muy sensible de la sanidad canaria: la atención psiquiátrica. Nadie podrá dudar de que el desarrollo de un modelo comunitario de atención en salud mental, si lo comparamos con la asistencia psiquiátrica de hace 20 años, que se ofrece hoy a los ciudadanos, ha mejorado significativamente, lográndose la equiparación de la enfermedad mental a otras enfermedades y la integración de la asistencia psiquiátrica en el sistema sanitario público. Los trastornos psiquiátricos no sólo son un asunto de psiquiatras. No olvidemos que el 40% de la población que consulta un médico de atención primaria lo realiza por trastornos emocionales; de cada 100 personas, 20 padecerán en el transcurso de su vida un trastorno mental específico; de las 10 primeras causas de discapacidad en 2020, las 5 primeras causas serán consecuencia de los trastornos mentales, siendo la depresión unipolar la primera causa de discapacidad en el mundo industrializado; el 40% de las bajas laborales se relaciona con el estrés laboral; y el 10% de la mortalidad se relaciona con el suicidio, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes. Por lo tanto, estamos hablando de un fenómeno de salud con una alta morbimortalidad y un enorme impacto en la generación de riqueza de un país. Pese a ello, el Estado, según el libro verde de la salud mental en Europa, sólo gasta -por debajo de la media europea- el 7,5 del gasto sanitario en salud mental.
Consideramos que, globalmente, en estos años se ha avanzado en el desarrollo del modelo de la asistencia psiquiátrica comunitaria, pero todavía tenemos muchas cosas que mejorar. Este artículo pretende esbozar para los nuevos gestores y gobernantes de la sanidad y la opinión pública unas líneas de trabajo, con la finalidad, desde nuestro compromiso social, de contribuir con estas sugerencias a fortalecer y mejorar la equidad, la eficiencia y la efectividad del sistema público de atención psiquiátrica.
Somos de la opinión de que una de las primeras tareas que deberán asumir los nuevos gobernantes y gestores en esta área, mientras se aprueba el hibernado II Plan de Salud de Canarias, es la Declaración de Helsinki en materia de salud mental. Esta declaración, que defiende el interés público general, representa un marco de consenso y de actuación suficientemente amplio para abordar muchos de nuestros problemas actuales y abrir camino al futuro de esta especialidad. Tanto es así que en diciembre de 2006 el Consejo Interritorial de Salud, por segunda vez en su historia, al abordar la atención psiquiátrica aprobó la adaptación de la Declaración de Helsinki como estrategia para el conjunto de las comunidades.
En una línea de modernización, sus recomendaciones y la adaptación de esta estrategia a nuestra realidad servirán de marco orientativo y deberían ser asumidas por los nuevos gestores de la consejería de Sanidad como un nuevo marco de referencia consensuado, de carácter técnico y con amplio respaldo político, asociativo y social.
* Firman también este artículo:
Juan de la Fuente, Cecilio Hernández, Lina Tost, Rodrigo
Gárate, Juan Ojeda,
Elías Sánchez, Ramón Alonso,
Raquel Arozena y AFES
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