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Un defecto formal deja libres a 4 acusados de integrar una red de tráfico de drogas

La sentencia anula las pruebas de audio al no anotarse los números intervenidos y la duración, y se condena a prisión a las personas que actuaron como "correos" por ser a las que se les intervino la cocaína.
19/jul/07 07:58
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G. MAESTRE, S/C de Tenerife

Pese a que las escuchas telefónicas aportadas como prueba por el Ministerio Fiscal no dejaron lugar a dudas de la pertenencia de ocho personas a una banda organizada de tráfico de cocaína que traía la droga desde Madrid a Tenerife y La Palma, la sentencia ha absuelto a los principales inculpados después de que se apreciaran irregularidades formales en la obtención de esas pruebas.

Sin embargo, sí han sido condenadas otras cuatro personas a diferentes años de prisión, al ser a las que se les aprehendieron diversas cantidades de cocaína gracias al seguimiento que la Policía Nacional realizó durante meses.

Concretamente, la sentencia hace referencia a la declaración de nulidad de las primeras escuchas telefónicas debido a que "deben determinarse con precisión los números de teléfonos intervenidos, así como la duración de dicha intervención", lo que a su vez dejaría sin efecto a las obtenidas más tarde, aunque en ellas quedaran demostrados los negocios fraudulentos de los acusados.

Siguiendo con la sentencia, ésta especifica que "no existe prueba válida y capaz de desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados Norberto Darío O.L., Emilio José Gómez Martín, Samir A. y Eddier de Jesús R.Q." por lo que les absuelve pese a ser considerados los "líderes" de dicha banda.

Respecto a los demás acusados, que eran los "correos" que localizaba la organización para transportar la cocaína, se condena a Gloria Eugenia A.H. y Carlos Arturo O.P. a 3 años y un mes de presión y una multa de 13.000 euros como autores de un delito contra la salud pública; a Andrés S.Z a la misma pena, a la que se une otra de seis mese de prisión por falsedad documental , y a José Ángel R.H. a 4 años y 6 meses de prisión y a 60.000 euros de multa.

Testigo protegido

Cabe recordar que las investigaciones policiales comenzaron cuando un hombre se refugió en una comisaría lagunera solicitando protección puesto que estaba siendo seguido por dos colombianos. Fue tras comprobar este punto y prestar declaración acerca de alguna de las personas ahora sentenciadas, cuando comenzaron las pesquisas policiales que descubrieron un complejo entramado de personas que operaba en Madrid, Tenerife y La Palma.

A.A.A., iniciales por las que se conoce al confidente policial, no compareció en la vista judicial por miedo a las posibles consecuencias pese a ser un testigo protegido.

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