N.M., S/C de Tenerife
Los socialistas canarios consideran que la apelación al diálogo realizada por el presidente del Gobierno en el debate de investidura y su intención de reforzar los controles al Ejecutivo se han quedado en papel mojado después de que CC y PP se hayan repartido la mayoría de las presidencias de comisiones del Parlamento regional, dejando al PSC con tres de las dieciséis comisiones, dos de ellas permanentes legislativas -Medio Ambiente y Presupuestos-, y una, la de Control de Radio Televisión Canaria, no legislativa -frente a las siete que habían pedido-, un hecho que consideran una "cacicada".
A dos días de que el jueves se constituyan las comisiones, el calificativo no fue compartido por los otros dos grupos. Ambos consideran que su distribución responde a la lógica política de los pactos y que han cedido al principal partido de la oposición aquellos órganos dedicados a los temas por los que este partido ha mostrado una mayor preocupación.
No obstante, para el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara regional, Francisco Hernández Spínola, el pacto que nacionalistas y conservadores ha extendido a la composición de estos órganos "enferma la democracia en Canarias", por lo que avanzó que renunciarán a todas las presidencias.
De haber sido aceptada la propuesta del "bipartito", el PSC se quedaría con una presidencia de comisión menos que en la legislatura pasada -en la que tenían la de Presupuestos, Turismo, Agricultura y Medio Ambiente- a pesar de ser el principal grupo de la Cámara tras incrementar en nueve el número de diputados y se habrían situado por debajo, incluso, que el PP.
"No aceptamos este reparto y no presidiremos ninguna comisión", dijo Hernández Spínola, que añadió que el reparto responde al "cinismo e hipocresía del presidente del Gobierno, que anunció medidas para revitalizar el Parlamento y que sería el Ejecutivo el que daría un paso al frente. Quieren controlarlo todo", subrayó.
El diálogo, en septiembre
Otro criterio aplican populares y nacionalistas a la hora de referirse al reparto de la presidencia de las comisiones, al considerar legítimo extender a estos órganos el pacto de gobernabilidad suscrito tras las elecciones, que consideran "perfectamente legal".
El portavoz del grupo de CC, José Miguel Barragán, defendió que las comisiones "funcionan según los acuerdos políticos", que también se ha aplicado en este caso y aseguró que "no hay ningún criterio que diga que tengan que ser dos, tres o cuatro, sino que ese reparto depende del acuerdo que alcancen las distintas fuerzas", añadió, al tiempo que puso como ejemplo el hecho de que su partido presidiera una de las comisiones del Congreso pese a tener sólo tres diputados, una situación que se produjo por el acuerdo con otros partidos de la Cámara Baja.
Barragán avanzó que si el PSC renuncia a presidir las tres comisiones que le han sido ofrecidas, "no ocurre nada. Nos pondremos de acuerdo CC y PP" y calificó esa decisión como parte de una estrategia de "bronca" que comparó con la iniciativa de los socialistas de pedir la comparecencia de todos los consejeros del Gobierno el día de su nombramiento.
En la misma línea, la portavoz del Grupo Popular, María Australia Navarro, dijo que si bien los miembros de las comisiones -con un total de 16 cada una, siete de los cuales serán socialistas- deben ser proporcionales al número de diputados, no ocurre lo mismo con las presidencias.
A su juicio, las presidencias "no están regladas" y "obedecen a la mayoría que sustenta al Gobierno. En base a esa mayoría -añadió- hemos ofrecido tres al PSC y no de forma arbitraria, sino dando respuesta a las preocupaciones que este partido ha expresado".
Por otro lado, y a pesar de la falta de entendimiento para conformar las comisiones, los tres partidos se muestran dispuestos al diálogo para la renovación de la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común y el Consejo Consultivo, en la que son necesarios 40 votos frente a los 34 que tienen CC y PP, por lo que los socialistas disponen de minoría de bloqueo y es obligatorio su concurso.
No obstante, Hernández Spínola se mostró dispuesto a abordar la cuestión a partir de octubre, una posición que coincidió con la de Barragán, que dijo no tener prisa.
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