N.M., S/C de Tenerife
La certificación por adelantado al Rey de la elección de Paulino Rivero como presidente del Gobierno antes de que su candidatura fuera sometida a votación en la Cámara protagonizó ayer la enésima polémica de un pleno largo, áspero y no exento de crispación cuya suspensión fue solicitada por el único grupo de la oposición, el del PSC, que calificó este hecho de falsedad documental.
La situación de escándalo no era para menos, ya que minutos antes de iniciarse la votación el portavoz socialista, Francisco Hernández Spínola, ya exhibía desde su escaño el documento en el que se comunicaba al Rey la elección de Rivero por parte de la Cámara, un documento firmado por el presidente del órgano legislativo y con registro de salida, es decir, certificado por la Cámara.
La clave del asunto se encontraba en que, ante un pleno que se extendió más de lo previsto, no daba tiempo de llegar al registro del Parlamento antes de su cierre, lo que hubiera obligado a esperar al día siguiente para cumplir con este trámite y con el viaje a Madrid del funcionario encargado de llevar en mano los documentos.
El Estatuto de Autonomía y el reglamento del Parlamento de Canarias establecen el mecanismo que se sigue para la elección, que exige que la investidura del candidato como presidente se comunique al Rey -mediante sendos escritos, tanto a la sede de la Casa Real en el palacio de La Zarzuela como a la Presidencia del Gobierno, en La Moncloa- después de la votación y antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, condición necesaria para que se haga efectivo el nombramiento.
Viaje a Madrid
Tras conocer la noticia, Hernández Spínola pidió la palabra en el pleno para denunciar los hechos y pedir su suspensión, al tiempo que demandó a Castro Cordobez que explicara "por cuántos votos ha salido investido el señor Rivero". No dejó el portavoz escapar la ocasión para denunciar y aludir a la posibilidad, que después no ratificó, de que los documentos hubieran sido, además, enviados a Madrid, ya que los socialistas sospechan que el funcionario que debía transportarlos se encontraba de camino hacia el aeropuerto y que regresó tras desatarse el escándalo.
La crítica del portavoz socialista hizo que el presidente de la Cámara exigiera pruebas de que las comunicaciones habían sido enviadas, negara que las hubiera validado -pese a que llevaban su firma y estaban registradas- y advirtiera de que si no tenía pruebas de los hechos, que los retirara, además de anunciar que investigará lo ocurrido.
Por su parte, el diputado de CC José Miguel González se hizo eco de la situación para acusar a algún funcionario de haber violado el "secreto funcionarial" y exigir la creación de una comisión de investigación.
Al término de la sesión, el responsable de la oposición, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que la situación generada constituye un delito de falsedad documental y un ejemplo de "mal gobierno", un criterio que compartió con el diputado Santiago Pérez, que precisó que "se ha producido un claro ejemplo de falsedad documental por parte de un cargo público en el ejercicio de su responsabilidad".
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