EDITORIAL

Un pequeño pero a la vez significativo detalle del acto de firma del acuerdo de gobierno entre CC y PP nos permite abundar en los planteamientos que hemos expuesto a lo largo de las últimas semanas. Se trata del lugar elegido para proceder a dicho trámite, Madrid, y de los personajes invitados a tal acontecimiento, encabezados por el presidente nacional de los populares. ¿Por qué en Madrid? Esa es la primera pregunta. La respuesta es harto obvia: es allí donde reside el PP, donde de verdad se toman las decisiones, incluso las que afectan a territorios situados a más de dos mil kilómetros de distancia. ¿Por qué Rajoy? Ésta es la segunda de las cuestiones, y la contestación entronca directamente con la de la anterior pregunta: Rajoy es en última instancia quien decide, le guste o no a los representantes de su organización en el Archipiélago, quienes, al igual que los dirigentes canarios del PSC-PSOE, no son sino unos mandados, una suerte de marionetas cuya principal preocupación es satisfacer sin aspavientos, con suma docilidad, los deseos de los mandamases que desde sus despachos en las madrileñas calles de Génova y Ferraz miran hacia las islas atlánticas como si de un jardín trasero se tratase. De esta forma, lo ocurrido el pasado miércoles en Madrid resulta harto significativo, toda vez que subraya la preocupante carencia en las islas de una clase política independiente, con la única excepción de los partidos considerados nacionalistas, que, no obstante, en muchos casos, por conveniencia o mero entreguismo, siguen el juego que marcan los jerifaltes de los partidos estatales.

No nos engañemos: la dependencia extrema con respecto a Madrid de los dirigentes canarios del PP y el PSC-PSOE conlleva el falseamiento de toda la estructura política de las Islas, un fenómeno que, y esto es lo verdaderamente preocupante, redunda en un déficit de libertad de opinión y decisión que se traduce en una acción de gobierno que, más que velar por los intereses de los canarios de todos los orígenes y razas que residen en las Islas, encamina sus afanes hacia los intereses de las propias organizaciones políticas dentro del contexto nacional. Canarias queda en un segundo, en un tercer lugar. Lo importante es mantenerse a bien con quien detenta el poder de poner y quitar, de peinar cabezas o de cortarlas. Esa es la triste realidad, el dilema con el que elección tras elección se enfrentan buena parte de los votantes canarios de diferentes ideologías, que no encuentran en el PP ni en el PSC-PSOE las respuestas a los verdaderos retos de estas Siete Islas.

La situación se agrava con hechos como el acaecido en las últimas semanas en el Congreso de los Diputados: la connivencia entre políticos canariones y fuerzas estatalistas para dejar a CoaliciónCanaria sin grupo y, con ello, acallar en buena medida la única voz independiente del Archipiélago en Madrid. Los diputados del PP y del PSC-PSOE por supuesto que son tan canarios como el que más, pero del mismo modo cabe decir que su papel es el de simples mandados. Obedece o vete: esa es la consigna.

Pero nada es imposible, y precisamente por ello resultaría conveniente el surgimiento en el Archipiélago de formaciones políticas de diferentes ideologías que tomaran decisiones por ellas mismas, sin injerencias internas, y colmaran de esa forma los deseos del electorado. Los propios socialistas canarios, el eufemísticamente denominado PSC-PSOE, haría bien en desligarse de las últimas cuatro siglas y, sencillamente como PSC, velar por los intereses del Archipiélago sin mirar hacia ninguna otra parte. Evitaría, asimismo, situaciones como el esperpéntico desembarco en las Islas de Juan Fernando López Aguilar, un capricho del secretario nacional de organización, José Blanco, que supuso el más absoluto ninguneo y desprecio hacia los dirigentes y afiliados canarios. Podría ser también el caso del PP; cuyos representantes en Canarias bien podrían reflexionar acerca de la posibilidad de desligarse de Rajoy y su camarilla, o llegado el caso promover partidos de índole centrista, liberal o democristiana que aboguen por la defensa de las islas de forma armoniosa y justa, sin otro fin que la prosperidad de los canarios.

Porque el futuro de Canarias no puede encaminarse sino hacia la libertad, y por lo tanto hacia el reconocimiento de su soberanía, todo ello con el mantenimiento de unos estrechos lazos con el Estado español (una fórmula idónea es la que se ha aplicado en la Commonwealth británica), y siempre dentro del estricto respeto al juego democrático, en el que participarían formaciones políticas de todo signo, pero siempre bajo la premisa del respeto al Archipiélago como tal, sin tener que ver con lo que, sinceramente y en honor a la verdad, no hay que tener que ver.

La manera de alcanzar la situación ideal que aquí describimos no pasa, desde luego, por una reforma estatutaria como la que desde hace meses duerme el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados. Que dicho texto no contiene sino una sarta de irrelevantes estupideces parece del todo contrastado, máxime tras la rebaja exigida por el PP, aceptada por CC y vista con satisfacción por el PSOE. Personajes con cuyas opiniones raramente coincidimos, tal es el caso del líder de Nueva Gran Canaria, Román Rodríguez, han puesto el grito en el cielo ante lo que está pasando, es decir, ante el mercadeo del futuro del Archipiélago a cambio de un puñado de votos. Con todo, y siempre dentro del más exquisito respeto a la legalidad, entendemos que dicha reforma, aplicada en sus justos términos, sin descafeinarla por mor de los vaivenes partidistas y rectificando lo que es imprescindible corregir, las tres aberraciones a las que luego nos referiremos, podría considerarse un paso previo hacia un nuevo estatuto que, éste sí, reconozca la idiosincracia de Canarias, la existencia de un pueblo diverso que vive en un Archipiélago atlántico y que, a pesar de que está empeñado en mantener unos profundos lazos con el resto de España y con la monarquía que representan el rey Juan Carlos I y su sucesor, Don Felipe de Borbón, aspira a tomar sus propias decisiones. ¿Es mucho pedir? Desde luego que no. Y si analizamos cualquier tratado sobre derecho comparado apreciaremos que tal petición encuentra acomodo en cientos de textos legales.

El respeto que Canarias profesa hacia España y sus dirigentes políticos, especialmente hacia la Casa Real, no puede ser óbice, sin embargo, para realizar una crítica contundente por el maltrato que ha caracterizado a las instituciones estatales en sus relaciones con el Archipiélago. Las Islas Canarias, un lujo para España desde su conquista hace seis siglos, siempre han estado lejos, muy lejos, del resto del Estado, pero no sólo geográficamente, algo que resulta obvio, sino incluso desde el punto de vista del sentimiento de pertenencia a una colectividad nacional. Desde luego que la clase dirigente estatal tiene casi toda la culpa de ello porque, lejos de tratar de mitigar tales despropósitos, nos sorprende ahora con la oficialización, a través de la reforma estatutaria, de tres grandes mentiras que provocan la división entre los canarios y, al mismo tiempo, evidencian los intereses de los dirigentes nacionales en que dicha división se produzca. La enumeración de las islas en dicha reforma según el orden alfabético, una incorrección a todas luces; la adulteración del escudo del Archipiélago con el único objetivo de disminuir la preeminencia de Tenerife y beneficiar a la tercera isla; y la institucionalización de un error histórico, absurdo a todas vistas, como la inclusión del apócope "gran" delante del nombre de Canaria, que de "gran", sinceramente, no tiene nada, y a la realidad nos remitimos, es el perfecto ejemplo de la existencia de una serie de poderes fácticos en la ciudad de Las Palmas, vinculados históricamente a la clase dirigente de la capital de España, que desde hace más de un siglo tratan de obtener beneficio a partir de la negación de la realidad del Archipiélago y a costa de la ruptura del necesario equilibrio. Tenerife y los tinerfeños, pero también La Palma y los palmeros, La Gomera y los gomeros, El Hierro y los herreños, Lanzarote y los conejeros, Fuerteventura y los majoreros, han sido las víctimas de tamañas tropelías, que han conllevado, cómo no, el despojo de la capitalidad única que, por motivos históricos, jurídicos y de sentido común, ostentaba Santa Cruz de Tenerife. El expolio institucional y económico ha sido constante desde 1927, año de la división provincial, a lo que se ha unido una voluntad de falsificar la historia que incomprensiblemente ha encontrado acomodo en varios párrafos de la irrisoria y manifiestamente mejorable reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, un texto que no debe ser sino un medio para alcanzar el verdero fin: un estatuto que recoja la soberanía de las Islas y acabe de una vez con tantas injusticias y tropelías cometidas desde 1927. La justicia, estimados lectores, no puede esperar.