¿Hacia una reforma o cambio en la reorganización del Estado?

HE QUERIDO tener sumo cuidado en la titulación de estas líneas, que son una meditación sobre la preocupación que se viene advirtiendo acerca de una modificación en la organización del Estado. A estas alturas, se han podido ver, pasados los "elogios" a la Transición y a la Constitución, circunstancias especiales tales como el 11-M y la crispación que el Partido Socialista ha provocado por la desgastada utilización de textos determinados, como puntos clave de la Constitución. Sin ver su propio espíritu y sentido -"nación", "matrimonio", "familia", "educación", "seguridad jurídica", etc.-, muchos ven serias dificultades para la supervivencia de España como tal. Un salto en el vacío del que apenas nos damos cuenta los españoles. A veces por la mera bondad coyuntural económica, también por la permisibilidad en tantos órdenes -"todo vale", "no pasa nada"-, por el "destrozo" en la educación y la ausencia de una información competitiva o por los "desquites" en los problemas autonómicos. O los fallos y dificultades que la propia oposición ha tenido frente al brindis al sol que supone el que, desde el poder ejecutivo, el terrorismo haya llegado a las instituciones. Los trapicheos de los partidos políticos, tras las elecciones municipales y autonómicas, son fuente de no pocos desengaños del pueblo-elector. La falta de credibilidad y sensibilidad para la política se acrecienta.

En estos momentos puede estar -o debería estar- una parte de la solución en el Tribunal Constitucional. Este, a su vez, está asaeteado por todas partes. Durante el Gobierno en funciones por el 11-M se pudo -o se debió- cubrir los dos puestos vacantes en el TC por el turno del Gobierno. Por ingenuidad o por delicadeza, no se hizo tal designación, y pronto el nuevo ejecutivo hizo dos designaciones que -sólo después- se han puesto en entredicho. De tal manera que siendo el órgano Supremo de confianza en las "supremas" interpretaciones sobre el Estado y la Constitución, hoy asoma de nuevo la desconfianza. Eso es lo que se traduce.

Personalmente, cada cual puede tener la suya personal, ya que, de no acertar objetivamente, el propio TC tendría sus días contados en la confianza y representatividad. Aunque aceptamos el "coraje" que la presidenta haya preanunciado. Además, se le pone difícil, porque concretamente el Gobierno, estando pendiente de las elecciones generales y sobre todo de la revisión del Estatuto de Cataluña, ya ha organizado comisiones previstas en aquel, tal como las de aeropuertos y la de autonomía en la selección, etc., de notarios y registradores en Cataluña, cuando esta materia es de competencia exclusiva del Estado.

No creemos que pueda existir un protocolo anticipado de aquello que va a ser o no constitucional. Otro tanto pudiera ocurrir con la situación de la Disposición Transitoria III, que lleva ¡treinta años! de "transitoria". Lo que para una norma activa -según algunos comentaristas- ha perdido de suyo la razón de transitoriedad. No es extraño que ya aparezcan grupos de expertos -y no expertos- tratando de ver la manera de reconducir el tema. Con unas bases mínimas de "reforma" de las normas constitucionales, hoy utilizadas alegremente, que han de ser sustituidas, por otras nuevas, especialmente en competencias, hasta donde llegan el Estado y las comunidades autonómicas, con enumeración precisa, en el artículo segundo, de las Comunidades que integran el Estado, evitando un proceso abierto y sin fin, desvertebrador. Además de una Ley Electoral nueva, sentenciando que desde los Estatutos no se puede modificar la propia Constitución. O que ésta -parece ser uno de los peligros- sea reinterpretada por el propio TC. Con la misma ligereza o "cheques en blanco" que ya hemos visto y padecido.

Todo ello habrá de pensarse al tiempo que una nueva opinión pública -hoy anestesiada o cansada- pueda forzar a los partidos políticos a poner los intereses generales por encima de los particulares. De lo contrario, una fase regeneracionista, larga y difícil, volverá a caer sobre lo que quedase del Estado y de España. Aunque ésta no pueda morir.

* Jurista académico