La costa de los ladrillos

N.M., S/C de Tenerife

Un crecimiento galopante de la superficie urbanizada de Canarias, la elevada cifra de vertidos ilegales -el mayor del país y a los cuales no son ajenas las administraciones públicas-, el aumento de los amarres en puertos deportivos y los casos de presunta corrupción ligados a la construcción han llevado al Archipiélago a situarse en los primeros puestos del dudoso ránking de la degradación del litoral.

Si objetivamente la situación actual no es la ideal, tal y como admiten todos los agentes implicados, para la organización ecologista Greenpeace es peor que eso, por lo que en su informe "Destrucción a toda costa" -el de mayor difusión mediática de todo el país- coloca este año a las Islas por encima de las autonomías del Levante. De hecho, la responsable del programa de Costas de esta organización y redactora del documento, María José Caballero, explica que "este año nos han sorprendido muchísimo las cifras del Archipiélago, que son malísimas, peores, incluso, que las de la Comunidad Valenciana o Murcia".

Los datos en los que se fundamenta el análisis de Caballero no deja lugar a dudas. En los últimos años, la superficie urbanizada en Canarias ha aumentado un nada despreciable 54%, especialmente en Fuerteventura, donde la extensión edificada ha crecido un 169% en diecisiete años, un fenómeno profundamente ligado al incremento de la población. Tras esta isla se sitúan las de Lanzarote y Tenerife, con incrementos de la superficie construida del 60% y del 51%, respectivamente.

Por municipios, Greenpeace pone especial énfasis en cinco localidades del Archipiélago que han experimentado crecimientos urbanísticos superiores al 100%, tres de los cuales se encuentran en Fuerteventura y dos en Tenerife, una lista que encabeza Antigua, con una subida del 270% y al que siguen los que han sufrido Pájara (240%), Adeje (194%), San Miguel de Abona (172%) y Tuineje (109%).

No obstante, la situación de la costa tinerfeña que señala Greenpeace no afecta únicamente a estos municipios. Tenerife en su conjunto es la isla cuyo litoral sale peor parado en el informe, tal y como señala su responsable. "Sin duda, Tenerife es la que acumula los datos más negativos -explica-. Tanto por el número de viviendas que potencialmente se pueden construir, según los planes urbanísticos, como por los nuevos puertos deportivos previstos y por los casos de corrupción señalados", añade María José Caballero.

"En fase de legalización"

"Destrucción a toda costa" señala que en la Isla se podrán construir en los próximos años 312.000 plazas alojativas y residenciales de un total de 327.000 que están programadas en el Archipiélago, lo que supone la construcción de hasta 55 viviendas por hectárea y un 170% más de las que ya están en pie. En cuanto a los puertos deportivos, la responsable del documento indica que "de los 1.400 que hay ahora mismo se pretende llegar a 7.000 en algunos años, una cifra que incrementa la situación actual en un 500%".

En Gran Canaria, admite, la situación "también es mala, pero menos" y no se debe tanto al número de amarres en puertos deportivos como a las plazas alojativas previstas y a los campos de golf. "En esta isla -subraya- se han aprobado 18 campos de golf nuevos y 25.500 plazas alojativas potencialmente posibles, por lo que nos preocupa especialmente qué ocurre con la moratoria porque parece muchos, tanto insulares como municipales, se la saltan sin que pase nada", advierte.

Pero si hay una situación de daños al litoral que es común a todo el Archipiélago, según el informe de Greenpeace, es el de los vertidos ilegales, de los que la organización ha contabilizado 208, lo que supone la cifra más alta del Estado. De ellos, explica María José Caballero, 59 se encuentran en Tenerife y 51 en Gran Canaria, una situación que califica de "incomprensible" y sobre la que echa buena parte de la culpa al Gobierno regional, que "está haciendo dejación de sus funciones de contención. No controla y, al final, es la Justicia la que entra a intentar poner orden", señala.

El Ejecutivo, por su parte, se defiende de esta acusación. El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, asegura que, si bien es cierto que se produjo un importante crecimiento de la desclasificación de suelo para poder urbanizar, "desde 2003, con la entrada en vigor de las directrices, se ha producido un freno, un vuelco, por lo que creo que la situación que señala el informe es anterior. En los últimos años -añade- hemos hecho lo contrario. Hemos desclasificado suelo para que no se pueda construir y eso nos ha dado no pocos problemas". Berriel admite que "es cierto que se ha producido un aumento de la edificabilidad, pero es que no hay otro remedio que hacerlo en el suelo urbano disponible para no ocupar otro tipo de suelos".

Sobre los vertidos ilegales, el consejero no oculta la situación, pero la achaca fundamentalmente a otras administraciones públicas. "Greenpeace nos reprocha la existencia de vertidos, pero lo cierto es que muchos proceden de las desaladoras y depuradoras, pertenecen a ayuntamientos y están en fase de legalización".