Los opositores al nuevo decreto que regula el sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública del Gobierno, entre los cuales se encuentra el sindicato Comisiones Obreras, no se quedan únicamente en el sistema de sorteo introducido por el Ejecutivo, sino que cuestionan también las normas que se aplicarán a inmigrantes y mujeres víctimas de malos tratos. Sobre los primeros, el motivo principal de oposición se encuentra en los plazos de residencia que exige la nueva normativa. En ella se establece la necesidad de haber residido al menos siete años en el Archipiélago de forma ininterrumpida o, en caso contrario, quince años, lo que creen que contraviene la integración de los inmigrantes, que no accederían en condiciones de igualdad con respecto a los canarios, a lo que se les exige dos años. Respecto a las víctimas de malos tratos, cuestionan que les exija determinados requisitos, como que haya sentencia firma y estar acogidas a planes de protección para optar a una vivienda de promoción pública que, a su juicio, tendrían que tener asegurada. Ésto debería sumarse a los requisitos generales, sin darles prioridad absoluta.
