El complejo deportivo de El Recreo, otro enclave afectado por el deslinde de Costas

N.M., S/C de Tenerife

La aplicación por parte de la Dirección General de Costas del Estado de la línea de servidumbre en los 100 metros de la actual Ley de Costas, en lugar de los 20 metros anteriores, amenaza con afectar a un buen número de núcleos urbanos y recreativos del Archipiélago anteriores a 1988 que, en la actualidad, ascienden ya a once, el último de los cuales es el área recreativa que el Círculo de Amistad XII de Enero posee en la costa de Candelaria, según confirma tanto el presidente de esta entidad, Ignacio González López, como el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido. El asunto ha llevado a la sociedad recreativa a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

La doctrina que aplica Costas afecta en estos momentos, no sólo a las instalaciones del Círculo, sino a una decena de núcleos urbanos en toda Canarias, la mayoría de los cuales se encuentran en la isla de Tenerife: cuatro en el litoral de Anaga (Santa Cruz de Tenerife), cuatro en el litoral de Agache (Güímar), La Santa y El Golfo (Lanzarote) y Tufia (Telde, Gran Canaria, un asentamiento situado un espacio natural protegido en el que, pese a todo, el Ejecutivo plantea demoler algunas edificaciones que están en espacio público), lo que ha motivado un buen número de protestas de los vecinos e intensas negociaciones entre el Estado y el Gobierno autónomo, tal y como relató Miguel Ángel Pulido, quien subraya que "llevamos más de un año con estos casos de conflicto de competencias con Costas. La ordenación del territorio y la clasificación del suelo pertenecen a la Comunidad autónoma", añade.

En cuanto al caso del Círculo de Amistad XII de Enero, tanto el director general de Ordenación del Territorio como Ignacio González explican que, si bien Costas no tiene la intención de demoler el espacio, su inclusión como espacio dentro de la zona de servidumbre les impide acometer obra alguna, a lo que Pulido añade que la política que aplica el Estado coloca a sus propietarios en una situación de "inseguridad jurídica, al tiempo que resta valor a las propiedades".

El presidente de la entidad, por su parte, explica que van a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial tras haber presentado un recurso de alzada ante la ministra de Medio Ambiente, que no ha respondido todavía.

PGO de Candelaria

"El Ministerio -explica- nos notificó el deslinde de la zona marítima-terrestre según la línea de servidumbre de los 100 metros de la Ley de Costas vigente y no han tenido en cuenta que nosotros estábamos ahí antes de que se aprobara esa legislación", añade González López, quien asegura que la zona recreativa, además, cuenta con las licencias del Ayuntamiento de Candelaria y está consolidado como suelo urbano, por lo que no cabría duda sobre el deslinde.

"En el nuevo PGO de Candelaria esta zona queda como urbana -asegura el presidente de la sociedad- y obtuvimos todas las licencias por parte del ayuntamiento. Si nos aplican la servidumbre de los 20 metros no nos afecta en casi nada, pero con los 100 metros quedamos totalmente dentro".

Chovito y El Médano

Sin embargo, no todas las instalaciones y núcleos urbanos cuestionados por Costas se encuentran en una situación de ambigüedad en torno a si la relimitación que deba aplicarse es la de los 20 o la de los 100 metros del mar, como en los casos de Anaga, Agache o el Círculo de Amistad XII de Enero, entre los cuales hay evidentes similitudes. Hay un conjunto de edifica- ciones y de asentamientos cuya desaparición también es defendido por parte de las autoridades de la Comunidad autónoma.

Ésta es la posición en las casetas de Los Guirres, en Tazacorte o en Puntallana, en un conjunto de casetas dentro de una reserva natural y dentro también de la línea de servidumbre), las más próximas en el tiempo, según afirma Miguel Ángel Pulido.

En cuanto al hotel Médano, situado en la localidad tinerfeña del mismo nombre (perteneciente al municipio de Granadilla de Abona), el director general de Ordenación del Territorio del Ejecutivo regional explica que el asunto se encuentra en un compás de espera, aunque se muestra partidario de buscarle otra ubicación a este establecimiento, incluso con una categoría superior, y demoler el edificio actual para recuperar el espacio para el mar, una opinión similar a la que maneja sobre las viviendas de Chovito (en el municipio de Candelaria), que defiende que "están afectadas por el dominio marítimo-terrestre" y que, por tanto, "tarde o temprano tendrán que salir de ahí porque están incumpliendo la ley".