La Guardia Civil frente al terrorismo

Al general Enrique Rodríguez Galindo, en agradecimiento a su sacrificio por la democracia española

ME HABÍA propuesto no volver a habla más del terrorismo etarra para olvidar el sufrimiento que me causó la lucha contra ETA en mi etapa profesional como magistrado-juez de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, y en mi etapa política como fiscal general del Estado. Pero al asistir ayer a la exposición en la plaza del Príncipe sobre "La Guardia Civil frente al terrorismo. Por la libertad y por las víctimas", y contemplar las fotos de los 236 guardias civiles asesinados por la banda terrorista, la mayoría muy jóvenes; y los vídeos sobre los espeluznantes y sangrientos atentados contra la Guardia Civil y sus Casas, con la secuela de muertes de civiles inocentes, se me abrieron todas las heridas, al mismo tiempo, que creía cicatrizadas. No pude evitar que me embargara una profunda emoción. Creo, sinceramente, que, en estos momentos, dicha exposición es necesaria para que el pueblo español no olvide a las víctimas del terrorismo. Como alguien ha dicho, con acierto, "no queremos que el silencio siga degradando a las víctimas inocentes, porque sabemos que callar es volver a matar a los muertos. El silencio es la tortura de la memoria". Hasta ahora he guardado silencio contra los dictados de mi conciencia. No puedo permanecer más en silencio por servicio a mi conciencia, sucursal de Dios en mi persona.

Hace algún tiempo un ministro del Gobierno socialista me preguntó mi opinión sobre el diálogo con ETA. Le contesté sinceramente que no creía en dicho diálogo, por mi experiencia profesional y política en la lucha contra el terrorismo, pero que, no obstante, merecía la pena intentar dicho diálogo con el respaldo del Parlamento. Como juez de instrucción de la Audiencia Nacional (agosto-diciembre de 1981) interrogué a más de 150 etarras, la mayoría menores de 22 años, y pude comprobar que no eran más que unos viles asesinos, carentes de convicciones ideológicas y de la más elemental formación cultural, que mataban sin escrúpulos como forma de vida, sin ninguna motivación altruista o patriótica. En una reunión que mantuve como fiscal general del Estado, en Ajurianea, con el presidente Ardanza y con Atuxa, consejero de Interior, con los que siempre tuve una excelente relación, les confesé, sin reservas, mi incredulidad de que ETA dejara algún día la violencia. No nos engañemos. En un artículo publicado hace tiempo por Mikel Azurmendi, profesor titular de Antropología Social de la Universidad del País Vasco, en la revista "Claves", nº 70 (págs. 36 y sts.), hace un análisis riguroso del problema terrorista en el que llega, entre otras, a la siguiente conclusión: "Y si es correcto mi diagnóstico, como es de esa cultura de la que ETA se alimenta, y es esa la cultura a quien su terror alimenta, es menester comprender que hay ETA para rato, pues está en la construcción cultural vasca que vascos, para serlo, precisen de enemigo".

No he superado el desengaño y la frustración que sufrí algunos años después al visitar en la cárcel a Barrionuevo, Rafael Vera y al general Galindo, con quienes había colaborado lealmente en la lucha contra el terrorismo. Fue muy duro para un juez que había desempeñado responsabilidades profesionales y políticas en dicha lucha.

He discrepado, con preocupación y lealtad crítica, de algunos aspectos de la política antiterrorista de mi gobierno, con el deseo sincero de equivocarme. Lo que no he podido asumir es la cínica e hipócrita utilización política del terrorismo que el Partido Popular ha venido haciendo desde hace más de una década con el sólo objetivo de recuperar el poder. Ahora han desencadenado una estrategia de acoso y derribo contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, al que acusan sistemáticamente, sin fundamento, de claudicación ante ETA. Para llegar al poder en 1996 utilizó la misma estrategia contra el Gobierno de Felipe González, al que acusaron, al contrario, de haber organizado a los GAL para luchar contra ETA. No vaciló en promover, diez años después, la investigación de los secuestros de Segundo Marey y Laza-Zabala, que se habían producido en octubre de 1983, cuando los socialistas no hacía un año que habían accedido al poder. Nadie ha desmentido convincentemente la conspiración mediático-judicial protagonizada por José María Aznar, Álvarez Cascos, un famoso periodista y un juez estrella, relataba minuciosamente en un reciente libro por el policía José Amedo, para derribar al Gobierno de Felipe González y obtener la condena de Barrinuevo, Vera y el general Galindo, por los citados hechos, que pudieron ser investigados judicialmente porque, como fiscal general del Estado, ordené la práctica de diligencias para evitar que prescribieran. Le planteé entonces a Felipe González que, en justicia, debían también ser investigados los asesinatos de los más de veinte etarras cometidos por el Batallón Vasco Español y por los GAL en la etapa de los gobiernos anteriores al socialista, que no habían prescrito y que estaban impunes. Me contestó, con una gran dignidad que le honra, que esa era mi responsabilidad, pero que él no quería manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez. Esa es la verdad histórica que me tocó vivir. No tuvo el Partido Popular el mismo comportamiento con los gobiernos de Felipe González, que fue el que acabó con los GAL, gestados y creados durante la dictadura, e ignorados durante la Transición. Todavía el Partido Popular no ha explicado por qué desconvocó la Comisión Parlamentaria, por la que fui citado, que propició para investigar los GAL. Sin duda, tuvo mucho que ver con la velada amenaza del general Sainz de Santamaría, de revelar hechos sobre la lucha antiterrorista en la etapa de los gobiernos de la UCD, en la que hubo ministros que luego pertenecieron al Partido Popular.

Como no podía ser de otra manera para alguien que es y se siente juez, no tengo duda alguna de la independencia e imparcialidad de los magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo que confirmaron las sentencias condenatorias de Barrionuevo, Vera y el general Galindo, de las que discrepo radicalmente. Pero tampoco dudo de la independencia e imparcialidad de los cinco magistrados de la misma Sala y de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que formularon votos particulares, con los que estoy completamente de acuerdo, en defensa de la inocencia de dichos condenados. La justicia humana puede cometer errores, como se vislumbra en la reciente Decisión Final del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre (Requete nº 74181/01), de 2 de mayo de 2007, en la que se admite el recurso de Barrinuevo y Vera contra las sentencias que les condenaron. Espero y deseo que suceda lo mismo con el recurso también interpuesto por el general Galindo, que demuestre su inocencia, de la que estoy profundamente convencido. No tiene la culpa la Guardia Civil ni los que organizaron la exposición sobre el terrorismo de que no figure destacadamente el general Galindo en la zona verde de la exposición dedicada a los éxitos de la Guardia Civil frente al terrorismo. La culpa la tenemos los políticos que, como yo, hemos claudicado cobardemente frente a lo considerado "políticamente correcto" sobre la extraordinaria labor profesional, no exenta, naturalmente, de errores, humanamente disculpables, vilipendiada injustamente, desempeñada por quien ha sido considerado, justamente, "el azote de ETA", al haber desarticulado más de ochenta comandos y detenido a unos mil terroristas de dicha organización. He sido testigo directo de su abnegado sacrificio, de su eficacia en la lucha contra ETA, de su entrega generosa al apoyo incondicional de sus subordinados, de su respeto y obediencia al Gobierno, al Ministerio Fiscal y a los jueces y tribunales, fiel al lema miliciano de Calderón de la Barca, con el que termina su reciente libro: "Aquí, la más principal hazaña es obedecer". Me arrepiento de no haberle defendido públicamente, como era mi deber de socialista español irremediable.

El comportamiento en la lucha contra el terrorismo, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la mayoría de los jueces y fiscales ha sido ejemplar. Pero faltan estadistas para poder erradicar definitivamente el terrorismo. España, como Saturno, ha devorado a los pocos estadistas que ha tenido en el pasado siglo, a Cánovas y a Canalejas los asesinaron; a Manuel Azaña lo encarcelaron en octubre de 1934 en el vapor "Ciudad de Cádiz", a Juan Negrín lo llegaron hasta a declarar "hijo espúreo" de su ciudad natal de Las Palmas; a Adolfo Suárez le obligaron a dimitir, y a Felipe González faltó poco para que el Partido Popular lograra sentarle en el banquillo.

No obstante, no he perdido la esperanza en que el líder de la oposición, Mariano Rajoy, a quien le reconozco mayor altura moral e intelectual que a los componentes de la guardia pretoriana de su partido y de la Cope, esté a la altura de las circunstancias, como lo ha demostrado hace unos días, y apoye al presidente Rodríguez Zapatero para que consolide la imprescindible unión de las fuerzas democráticas para erradicar definitivamente el terrorismo.