I.N., S/C de Tenerife
"Piedad está bien y se está trabajando con su entorno familiar". Es todo lo que se puede saber de la pequeña de cinco años, que pasó de una familia de acogida el pasado 10 de mayo a ingresar en un centro de menores, en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Si bien el auto judicial decía que la niña debía ingresar en un centro de Las Palmas, por motivos que se desconocen, salvo para la Dirección del Menor y la propia Audiencia que ha modificado su criterio, la niña sigue en un centro de Tenerife.
"Hay que dejar trabajar a los profesionales", que lo están haciendo con la niña y con la familia biológica, expresaron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, que recordaron la decisión de este departamento de no hablar más sobre este caso.
Las mismas fuentes reiteraron, una y otra vez, que la niña está bien, que se sigue trabajando con ella para su reintegración familiar, y que se siguen las pautas para este tipo de casos.
Por otra parte, de por qué la niña no es trasladada a un centro de Las Palmas, tan sólo se sabe que la Audiencia expresó su conformidad a que no sea así "mientras se esté trabajando con la niña y no esté preparada".
Por su parte, la asociación en defensa de los niños Prodeni, que ha tomado el caso de "Piedad" como auténtico "caballo de batalla" dentro de la acción de la entidad a nivel nacional, reiteró ayer su opinión de que, cuando se cumple un mes de la permanencia de la niña en un centro de menores, sigue "aislada de su mundo afectivo, del que sigue sin tener ninguna noticia, como si su mundo se lo hubiese tragado la tierra".
En un escrito dirigido a las administraciones canarias, Prodeni refleja el problema de Piedad desde el punto de vista psicológico y el jurídico, para concluir que "se mire por donde se mire esta persona carece de derechos y sufre maltrato institucional, quedando así desacreditada la institución judicial, pero también la del Menor, y, por extensión perjudicados todos, pues no es de recibo que en un Estado de Derecho con garantías constitucionales y jurídicas suficientes, una ciudadana canaria de casi seis años se vea recluida en contra de su voluntad, de sus intereses y de sus necesidades".
Por otra parte, Juan Manuel Fernández del Torco ha dejado de representar legalmente a la que fue la familia adoptiva de la niña, a petición de la madre acogente, al parecer por un desacuerdo en el camino que debía seguirse a partir de que la niña ingresó en el centro, que para el letrado era "sólo el jurídico".
El abogado tinerfeño indicó ayer a este periódico que ha otorgado la venia en todos los asuntos jurídicos abiertos a raíz de su intervención en el denominado caso "Piedad", un total de siete procedimientos en distintas instancias, como el Tribunal Supremo, situación que comunicará a todos los juzgados.
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