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N.D., S/C de Tenerife
El caos, la violencia y los actos vandálicos protagonizaron la primera jornada de huelga continua e indefinida a la que han sido llamados los 2.000 trabajadores de ambulancias de Canarias para exigir la firma de un convenio colectivo regional que equipare sus retribuciones a la media nacional.
El incumplimiento de los servicios mínimos derivado de la caótica situación vivida ayer afectó sobre todo a los más de 350 pacientes (189 de Tenerife) con insuficiencia renal crónica a los que les tocaba acudir a sus sesiones de hemodiálisis. Circunstancia que, como ocurrió hace unas semanas, volverá a ser denunciada ante los tribunales por la empresa pública responsable del servicio, Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), sociedad que advirtió el viernes a los usuarios de que si tenían algún problema llamaran a la Mesa de Transportes para que ésta les facilitara un medio alternativo de acudir a las unidades o les autorizara a coger un taxi, cuyo coste les será reintegrado.
Desde GSC y la patronal explicaron que los daños ocasionados a los vehículos y los piquetes ubicados en las puertas de algunas unidades de diálisis impidieron que se realizaran los servicios programados ayer. Ante esta situación, apuntaron desde GSC se fijó la prioridad de trasladar a los usuarios que sólo pueden viajar en camilla, a los que se dedicó la flota que estaba disponible y que sólo alcanzaba al 60% por ciento del total. El resto de los enfermos, añadieron las mismas fuentes, tuvieron que llegar a los centros sanitarios en taxi o por sus propios medios. "Nuestra obligación es asegurar que entren en diálisis y, para ello, se han tomado todas las medidas que están en nuestra mano", subrayaron desde GSC.
"Con llegar no basta"
No obstante, para el gerente de la Asociación Tinerfeña de Enfermos Renales (Erte), Avelino Parrilla, esto no es suficiente, pues desde su punto de vista "no sólo se trata de que los pacientes lleguen a diálisis, sino de que los lleven". Parrilla recordó que la salud de estos enfermos depende de las sesiones de diálisis y que el estrés al que están siendo sometidos con motivo de la huelga de ambulancia, que comenzó el pasado 18 de abril, les está perjudicando. "¡Que hagan lo que sea para solucionar esta situación!", exhortó Parrilla, para luego destacar el caos vivido ayer en el transporte sanitario tinerfeño, desorden al que contribuyó el que en la mañana de ayer nueve coches de la empresa Manuel Guerra Castellano (responsable del transporte sanitario no urgente en Tenerife) amanecieran en su base del Puerto de la Cruz con lunas y neumáticos rotos. El director de la empresa, Guillermo Rodríguez, calificó de "terroristas" este tipo de acciones que, agregó, ponen a la empresa en una situación muy difícil para poder cumplir con los servicios mínimos.
Rodríguez cifró en más de 300.000 euros los gastos que han tenido que asumir los empresarios por los destrozos ocasionados a los vehículos sanitarios en el mes y medio que duran las protestas. Asimismo, denunció que muchos empleado están siendo coaccionados por el comité de huelga para no trabajar.
Acusaciones que el secretario insular de la Federación de Transportes y Comunicación de CCOO, Miguel Borredat, negó ayer de plano. El representante sindical aseguró que los trabajadores se están limitando a ejercer su derecho a la huelga y que lo que ocurrió ayer es que la empresa carecía del personal suficiente para prestar el servicio.
"Prácticamente todos los días nos acusan de lo mismo", subrayó Borredat, quién consideró sospechoso que sólo sea una empresa la que denuncie públicamente estos actos de vandalismo.
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