EDITORIAL

Helena Somervalli

(Arona)

LA MISIVA enviada a EL DÍA por esta vecina del Sur de la Isla, una de tantas que hemos recibido con similares argumentos, no es sino el reflejo de un sentimiento que crece y se expande entre la ciudadanía tinerfeña: el convencimiento de la cada vez más marcada preeminencia de la denominada isla de Gran Canaria sobre el resto del Archipiélago y, de forma paralela y como consecuencia de lo anterior, el injusto trato que recibe Tenerife en todos los órdenes. Parafraseando un conocido lema publicitario, la historia no engaña, y basta con echar un vistazo al capítulo del siglo pasado para comprobar el maltrato al que han estado sometidos durante décadas los tinerfeños, una situación que corre el riesgo no sólo de consolidarse, sino incluso de acentuarse como consecuencia de los favores políticos. Pero las sociedades funcionan como organismos vivos, y tal es así que la radicalización comienza a encontrar acomodo entre el propio pueblo tinerfeño, harto como está de padecer una generosidad mal entendida de la que se ha aprovechado la isla vecina hasta extremos vergonzosos. EL DÍA , en su empeño por defender a Tenerife y los tinerfeños no desde el privilegio, sino desde la justicia y el sentido común, se ha hecho eco en sus páginas de esa incipiente inquietud social y no ceja ni cejará en la exigencia de que se dé a cada cual lo suyo.

Dentro del más absoluto respeto a los habitantes de Canaria, un respeto que compartimos con nuestros lectores, permítasenos que desde el estupor, la rabia y el ánimo de justicia nos preguntemos por qué la tercera isla del Archipiélago es conocida en el resto del mundo como capital del Archipiélago; por qué se ha aplicado el orden alfabético en la enumeración insular dentro del Estatuto de Autonomía; por qué se permite que una determinada isla se haga preceder del apócope "gran" a pesar de que éste nada tiene que ver con la realidad.

Tenerife, los tinerfeños, se sienten incómodos ante un organigrama de la realidad que por falso considera como primero algo que no lo es y trata como segundona a la Isla que por territorio y población debería anteceder al resto; los tinerfeños empiezan a abominar de un entramado legal que justifica dicho error histórico y le otorga rango estatutario; los tinerfeños no soportan más que las legítimas aspiraciones de crecimiento de Canaria y su capital se lleven a cabo a través de ilegítimas tramas que menoscaban el peso institucional y económico de Tenerife y Santa Cruz ; los tinerfeños, gente de bien que jamás ha deseado el mal ajeno y nunca lo deseará, se confiesan indignados al comprobar no sólo el falseamiento de la historia, sino el intento de unos pocos por convencer al resto de que el ayer no existe. Sin embargo, como reza el dicho, siempre será posible engañar durante poco tiempo a unos pocos, pero resulta absolutamente imposible engañar a todos durante mucho tiempo.

Y ES QUE LAS COSAS no ocurren porque sí. Todo tiene un origen, y detrás de él pueden identificarse nombres y apellidos. En el caso de Canarias, la actual situación encuentra su génesis en el trato de favor que las organizaciones políticas de ámbito nacional han otorgado históricamente a la tercera isla, un fenómeno que, lejos de mitigarse, se renueva con el paso de los años con mayor fuerza y objetivos finalistas.

Llegados a este extremo resulta necesario subrayar que España corre el riesgo de perder el Archipiélago. Las formaciones políticas estatalistas parecen empeñadas en que aumente el malestar entre la opinión pública, en institucionalizar el trato de favor que se brinda a Canaria y radicalizar con ello a los tinerfeños. Si a esto se une el hecho de que Europa le está dando a Canarias más de lo que le da España, que Bruselas se muestra más receptiva que Madrid a la hora de comprender las peculiaridades de las Islas, podemos concluir que se está creando un caldo de cultivo para que los isleños decidan reclamar su soberanía y solucionar sus problemas a partir de ella, una fórmula que bien podría compatibilizarse con el mantenimiento de unas sólidas relaciones administrativas y económicas con la nación española. Fórmulas existen y están lo suficientemente contrastadas, tal es el caso de la Commonwealth británica . Las cosas, cuando no cambian a mejor ni se prevé que lo hagan, es conveniente forzarlas.

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