EL DÍA, Breña Alta
El conflicto del colectivo de bomberos de La Palma iniciado hace casi tres años, lejos de acabar con la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de La Palma en agosto de 2006, declarando nula la expulsión de los bomberos en conflicto de la asociación, continúa abierto y se sigue complicando, ahora con una nueva providencia del Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife para embargar varios vehículos de la misma, por el impago de las correspondientes indemnizaciones estipuladas por orden judicial.
Casi un año después de la sentencia, los nueve bomberos afectados dicen que no han recibido ni un euro de las indemnizaciones, con cantidades para cada uno de entre 6.000 y 8.000 euros. Ante el impago, el juzgado ha decidido embargar dos vehículos a la asociación, un Nissan Patrol y un Volkswagen, trasladando el mandamiento a la Dirección General de Tráfico al objeto de anotar dicho embargo.
Tras conocer la orden judicial, desde el colectivo de bomberos en conflicto han lamentado nuevamente la situación que se mantiene por el impago de las indemnizaciones de los salarios de tramitación. Además, señalan, "aún no se terminado de conocer el resto de la denuncia penal que sigue pendiente por la decisión adoptada el 24 de junio de 2004 en una asamblea general y de la utilización de fondos públicos en la asociación que ya no gestiona el servicio".
Al respecto, concretan, "los bines de la asociación, en este caso los vehículos embargados, han sido pagados con fondos públicos, subvencionados por el Cabildo, con una aportación mensual al convenio de más de 30.000 euros, sin que nunca se hayan exhibido las cuentas". En ese sentido, aseguran que "la nefasta gestión realizada por Germán Pérez, responsable de la anterior asociación, sigue a día de hoy respaldada por la Corporación palmera, que entendemos que tendrá que dar una explicación a la ciudadanía palmera".
Por su parte, fuentes de la nueva asociación que gestiona el servicio de bomberos en La Palma, con parte de los miembros que formaban la anterior, han confirmado el embargo dictado por el juzgado capitalino, aunque dicen que "se trata de dos vehículos que pertenecen a la anterior entidad y que no están prestando ningún servicio en la actualidad, por lo que no afectarán a la gestión actual ni a las actuaciones del colectivo".
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