EL DÍA, Buenavista
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Canarias ha condenado al Ayuntamiento de Buenavista del Norte, gobernado por el PSC-PSOE, por vulnerar un derecho fundamental "al negar de forma reiterada a una concejal de Coalición Canaria información relativa a expedientes administrativos". Además, la sentencia ordena que el alcalde y resto de órganos de la corporación pongan "de forma inmediata" la información solicitada a disposición de la concejala solicitante, que en este caso es Eulalia Lorenzo Martín.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que el Ayuntamiento de Buenavista del Norte vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, que ampara los Derechos Fundamentales.
Según explica Coalición Canaria, "la información fue solicitada en el año 2005 y hacía referencia a los saldos de compras de materiales o de servicios a proveedores de cuantía superior a 3.000 euros, el destino de lo que aparece bajo el epígrafe otros gastos de inversión en el presupuesto municipal de 2004 y la copia del expediente por el que se dieron subvenciones para rehabilitación de viviendas rurales del año 2005".
Eulalia Lorenzo solicitó esa información, según afirma Coalición Canaria en el municipio, "debido a las sospechas de posibles irregularidades en los mismos", y acudió a los tribunales ante las evasivas del grupo gobernante.
El ayuntamiento, por su parte, a través de la oficina de Intervención y su concejal adscrito, Víctor Lorenzo, facilitó a los integrantes del grupo municipal de Coalición Canaria en el consistorio la información a la que se hace referencia durante el proceso de emisión de la citada sentencia, según se indica en el comunicado difundido ayer por el grupo de gobierno.
Se agrega que "esta comunicación de todos los datos requeridos por las señoras concejales de Coalición Canaria se produjo mediante notificación por la Policía Local a los citados remitentes, una notificación que no pudo ser entregada debido a la negación expresa de recepción esgrimida por los propios concejales nacionalistas". Asimismo, se aclara que "la sentencia no es firme, por lo tanto es recurrible ante el órgano jurisdiccional pertinente".
El grupo de gobierno adelanta que "está legitimado para interponer el recurso de casación, porque ha sido parte demandada en el procedimiento especial cuya sentencia trata de impugnar".
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