J.D. MÉNDEZ, S/C de Tfe.
"Una crueldad innecesaria, nos sentimos como muñecos, juguetes en manos de los jueces". La frase es de Esperanza, propietaria todavía junto a su marido, Pedro, de la vivienda del número 13 de la Cornisa Cuarta de Residencial Anaga, la "Casa Roja", que una jueza decidió que, en base a una sentencia previa, debía ser derribaba antes del día 22 de mayo (hoy) y cuyo proceso pasó ayer en apenas unas horas del inicio de la demolición por la mañana a la paralización por una decisión de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Trabajadores de la subcontrata que debía ejecutar la demolición comenzaron a desmantelar la vivienda, una operación que se desarrolló bajo la lluvia que parece que quiso acompañar a la familia en otro momento de especial tristeza. Es necesario eliminar cualquier objeto antes de proceder a la actuación del "pica-pica", incluida la loza sanitaria, las alarmas, las ventanas, con sus cristales, las puertas de madera, barandillas, rejas o, incluso, una antena parabólica. Todo quedó depositado en el patio ante la mirada atónita de los aún propietarios.
Esperanza afirma que "si hubiera sido una casa más pequeña ya la habrían tirado, pese a la resolución del TSJC. Pregunto qué hubiera pasado entonces".
Algo más tarde de las 14:00 horas, el abogado de Pedro y Esperanza les comunicaba la resolución de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC de "suspender la ejecución de la sentencia en tanto se resuelve el incidente de nulidad promovido por la apelante". Hay que recordar que una resolución de la jueza Matilde Rocío Flores Esquivias del pasado 8 de mayo establecía como fecha límite para el derribo el 22 de mayo, o sea hoy.
Esa especie de operación con "freno y marcha atrás" había comenzado por la mañana con la acumulación del material en el patio de la casa y la presencia por fuera de una bañera de escombros, un camión y una máquina excavadora, así como las señales de tráfico pertinentes para acometer la obra. El encargado no estaba por la labor de dejar entrar a nadie, con ciertas malas maneras incluidas, aunque Pedro y Esperanza pudieron hacerlo un momento para recoger algunas cosas.
Contraorden.- Por la tarde, hubo contraorden. Pedro Díaz manifestó que "me han desmantelado todo. Esto es vergonzoso. Han puesto las cosas en su sitio como han podido, pero nos han dejado sin luz, con las alarmas inservibles y las puertas rayadas, además de que se han mojado por lo cual se inflarán. Esto ya es demasiado, estamos cansados y aburridos, pero vamos a denunciar este nuevo atropello".
Fuentes de Gerencia de Urbanismo mostraron su satisfacción "por la suspensión de la orden de demolición decretada por el juez antes de la fecha límite".
Esperanza aseguró que "lo único que queremos es que se haga justicia y no sigan jugando con nosotros, somos personas y lo hemos pasado muy mal estos siete años, pero sobre todo el último. Han jugado con nuestra salud y nos han dejado entrar de favor en nuestra propia casa". El deterioro físico del matrimonio resulta evidente.
Ambos concluyen afirmando que "el TSJC ha parado la democión y no sabemos si es por la certificación de que la casa podría quedar legalizada si se aprueba el nuevo Plan General de Ordenación. Hemos pagado todos los impuestos, incluidos el IBI y la Basura de este mismo año, el agua o la hipoteca, además de tener la licencia en regla. No entendemos nada porque ya nos habíamos mentalizado del derribo y ahora vuelven a jugar con nosotros, con una familia honrada que como cualquiera ha querido tener su casa".
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