E.C., S/C de Tenerife
La entrada en vigor el próximo 1 de julio de la nueva Ley del Suelo estatal que esta pasada semana aprobó el Congreso de los Diputados implicará la modificación de la legislación canaria para adaptarla, entre otras cuestiones, a una de las medidas "estrella" de la ley, que es la obligación de que se haga una reserva mínima del 30 por ciento de la edificabilidad del suelo para viviendas protegidas, y que los promotores cedan al ayuntamiento entre el 5 por ciento y el 15 por ciento del suelo.
La legislación canaria actual, aunque ha ido aumentando también progresivamente el porcentaje de suelo que se reserva para la potenciación de la vivienda protegida, aún no alcanza ese porcentaje del 30 por ciento, sino que se sitúa entre un 20 y un 25 por ciento, exigiendo un máximo para los municipios que se consideran de preferente localización de vivienda, debido a que se considera que en ellos hay una especial falta de casas para los sectores menos favorecidos.
El director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel, explicó que el Gobierno canario apoya plenamente los objetivos que en esta materia se han marcado en la ley estatal, ya que se está de acuerdo en esa tendencia a facilitar desde las normativas la construcción de vivienda protegida.
De esta forma, señaló, habrá que ver en el Archipiélago cómo se adapta la normativa a estas nuevas disposiciones.
En Canarias, no sólo la Ley de Vivienda de 2003, que luego se modificó y se incluyó precisamente un porcentaje mayor de reserva de suelo para vivienda protegida en los municipios de preferente localización, sino también las principales normativas que se refieren al territorio, como la Ley de Ordenación del Territorio o las Directrices de Ordenación General y del Turismo establecían ya el objetivo de la reserva de terreno para facilitar las políticas públicas de vivienda.
En todo caso, la reserva del 30 por ciento para vivienda oficial ya se supera en algunas regiones como Madrid (50 por ciento), Navarra (50 por ciento) y Valencia (del 25 al 40 por ciento).
Ley decisiva
La nueva Ley del Suelo, que se aprobó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los partidos salvo el PP, incluye aspectos decisivos en esta materia no sólo para la vivienda protegida, sino también en otras materias.
Su objetivo básico es plantar cara a la corrupción y a la especulación urbanística, tras varios años de escándalos en todo el país en esta materia, que también han salpicado de forma especial al Archipiélago.
Así, la norma limita el crecimiento desorbitado de las ciudades y fija que si un desarrollo conlleva un incremento superior al 20 por ciento de la población o de la superficie urbanizada, se deberá revisar el plan general. Los convenios de planeamiento y las permutas de terrenos deberán ser aprobados por el pleno municipal, y se establecen nuevas reglas de valoración de las expropiaciones.
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