N.D., S/C de Tenerife
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, anunció ayer que su departamento está trabajando en la elaboración de un nuevo concurso para la prestación del servicio de transporte sanitario en el Archipiélago, a la vez que pidió a empresarios y sindicatos que resuelvan la situación actual de conflicto.
El mismo día en que los trabajadores de las ambulancias de las Islas celebraban su octava jornada de paro para exigir la firma de un nuevo convenio colectivo regional y a menos de 48 horas del inicio de la campaña electoral, la también vicepresidenta del Ejecutivo regional aseguró que éste tendrá listo el concurso en un mes.
Julios explicó que este documento se elaborará en base a un estudio encargado por el Gobierno de Canarias a una consultora de Madrid sobre la situación del sector en España, documento que podrían tener en su poder mañana y en el que, entre otras cosas, se indicará la retribución media de estos profesionales en el país. De esta forma, es probable que patronal, sindicatos y representantes de GSC se vuelvan a reunir mañana para, con este documento sobre la mesa, buscar una salida al conflicto.
Por último, Julios opinó que lo mejor es que en las Islas se firme un convenio colectivo, como hay en otras comunidades autónomas, que permita conocer a la Administración los límites del concurso y darle así la cobertura suficiente para evitar futuros conflictos.
Mejora de la calidad
La consejera aseguró que con el nuevo concurso se podrá mejorar la calidad de un servicio que ha sido constantemente denunciado por los usuarios en los últimos años por los retrasos, abandonos y largos trayectos que sufren varias veces a la semana. Precisamente, sobre la calidad del servicio, la responsable de la Consejería de Sanidad aseguró que pedirán a las empresas adjudicatarias "unas condiciones de calidad en cuanto al equipamiento y los tiempos de espera de los pacientes".
Sobre la denuncia de incumplimientos de los servicios mínimos por parte de los trabajadores que se han negado a realizar traslados que no consideran prioritarios, María del Mar Julios aseguró que el Ejecutivo insistirá a las empresas para que éstos se cumplan. Precisamente, en Tenerife los servicios mínimos se cumplieron ayer, mientras que en Gran Canaria la mitad de los vehículos no pudieron salir debido al gran número de trabajadores que presentaron su baja laboral. Algo, que para el secretario general de la Asociación Regional de Empresarios del Transporte Sanitario (Artea), Eugenio de Armas, responde a una estrategia de los empleados para participar en la huelga de forma encubierta. Afirmación que rechazó el responsable de la Federación de Transportes de CCOO, Miguel Borredat, para quien este problema se debió a la falta de previsión de las empresas.
En cuanto a la incidencia del paro, desde la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) se informó ayer de que en esta ocasión el total de personas que dejaron de ser trasladadas ascendió a 990 (422 en Tenerife y 568 en Gran Canaria), la mayoría pacientes de rehabilitación. Afectados a los que hay que sumar en Tenerife 16 pacientes de diálisis, de los que doce llegaron con retraso a sus tratamientos, y cuatro tuvieron que desplazarse por su cuenta.
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