N.D., S/C de Tenerife
Los usuarios del transporte sanitario no urgente sufrirán, como mínimo, una semana más de paros de los trabajadores de ambulancia después de que la reunión mantenida ayer entre Administración, patronal y sindicatos concluyera sin que fueran capaces de cerrar un acuerdo que pusiera fin al conflicto.
En la séptima jornada de huelga que tuvo lugar ayer se dejaron de realizar un total de 980 traslados sanitarios no incluidos en los servicios mínimos fijados por la Dirección General de Trabajo, entre los que están, además de las urgencias, el desplazamiento de los pacientes oncológicos, de diálisis y todos aquellos considerados por los facultativos como prioritarios.
Según informó ayer la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), se dejaron de prestar 464 servicios en Tenerife y 516 en Gran Canaria. Asimismo, la huelga volvió a obligar a un total de diez enfermos renales a ir por su cuenta a las unidades de diálisis, mientras que otros tantos sufrieron retrasos.
Desde GSC se aseguró también que ayer no se asumió el transporte de algunos pacientes que debían de acudir a consultas calificadas de básicas, así como algunas altas y traslados entre centros, lo que podría suponer un incumplimiento de los servicios mínimos.
En concreto, siempre según GSC, en Tenerife 33 pacientes, cuyos traslados habían sido incluidos en los servicios mínimos, se vieron afectados por la negativa de los trabajadores de trasladarlos, pues, desde su punto de vista, no son prioritarios. A este respecto el secretario general de la Asociación Regional de Empresarios de Transporte Sanitario (Artea), Eugenio de Armas, anunció sanciones contra los conductores que han incumplido los servicios mínimos. "GSC puede pedir daños económicos y, entonces, tendremos que ir por lo penal contra estos trabajadores", agregó De Armas, quien además dejó claro que no están dispuestos a consentir encerronas como la que sufrieron ayer a la salida de la reunión celebrada en Tenerife, cuando fueron abucheados e insultados por los trabajadores.
Previsiblemente las deficiencias del servicio se repetirán mañana y el viernes, cuando es posible que Administración, patronal y sindicatos vuelvan a sentarse en busca de una salida.
Diferencias económicas
Según explicó el responsable en Tenerife de la Federación de Comunicación y Transportes de CCOO, Miguel Borredat, en el encuentro mantenido durante toda la mañana de ayer sólo se pudieron tratar los aspectos económicos sin que se llegara a un punto de encuentro y dejando a un lado otras cuestiones como las condiciones del material o la prevención de riesgos laborales.
Borredat argumentó el rechazo de esta organización sindical a dar por finalizada la huelga porque ni la Administración ni las empresas del sector garantizaron la progresión del incremento salarial exigida. En concreto, para lograr su homologación con sus compañeros de otras comunidades autónomas piden un aumento salarial de 650 euros anuales en tres años. Cantidad que, según De Armas, todavía no ha sido aceptada. No obstante, señaló que los empresarios están dispuestos a pagar las cantidades que sean necesarias, siempre que la Administración ponga el dinero sobre la mesa.
Borredat dijo que espera que si finalmente se convoca la reunión para el próximo viernes, sea en ésta donde pueda producirse un acercamiento efectivo de las posturas entre sindicatos y patronal.
Apuntó que la Administración no ha podido garantizar las peticiones de los trabajadores, porque, añadió, está a la espera de los resultados de un estudio encargado a una consultora de Madrid para conocer la retribución media de estos trabajadores en España, del que podría disponer el viernes.
"Esta lentitud de la Administración provocará a los usuarios dos días más de huelga", censuró Borredat, para luego destacar la "actitud firme" de los trabajadores en este conflicto en el que, añadió, "saben que se juegan su vida laboral".
Por último, Borredat hizo referencia a los ataques denunciados por la organización sindical contra los miembros del comité de huelga que, en su opinión, radicalizarán aún más el conflicto. Asimismo, advirtió de que, ante estas agresiones y la dilatación de las negociaciones, "cada día es más difícil contener los ánimos de los trabajadores que entienden que debe darse una respuesta más contundente".
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