Y después, ¿qué?

"No sé lo qué haré después", admitió durante el transcurso del debate el abogado, vicepresidente de la Fundación Juan Negrín y ex fiscal general del, Estado Eligio Hernández, en relación a su posición sobre la Monarquía en el futuro cuya adhesión, dijo, "tiene un límite temporal". Cuestionados los invitados sobre la solidez o no de la institución tras el fallecimiento de Juan Carlos I, Eligio Hernández, que se confiesa republicano, aunque defensor de la figura del Rey, aseguró que su apoyo a la Monarquía se fundamenta en las convulsiones que sacudieron a España durante la Transición y en la necesidad que tiene el país de una figura que vertebre su unidad.

No obstante, admitió que "el futuro no está escrito" y que "pese a que aún nos pesa el pasado, tampoco tiene sentido jugar con esas circunstancias para perpetuar el actual sistema", por lo que defendió que "las generaciones del futuro podrán elegir", al tiempo que recordó que la propia Constitución contiene mecanismos para su reforma. Pese a todo, insistió en que seguirá defendiendo la Monarquía "si sigue teniendo utilidad política y si es importante para la cohesión de España".

Aunque con matices, la posición de la mayoría de los invitados siguió la misma línea argumental basada en que el sistema político que tenga España en el futuro será el que los ciudadanos quieran.

Quizá fue el ex diputado del PP Alfonso Soriano Benítez de Lugo, quien se mostró más convencido del mantenimiento de la Monarquía. Tras explicar que "no me atrevo a vaticinar, porque en política un lustro es una eternidad", dijo que para que caigan los sistemas políticos existentes en Europa "se tiene que producir un caos extraordinario o una revolución". Como factor de conservación aseguró que la Monarquía sabrá adaptarse a los tiempos, al contrario de lo que ocurrió con el sistema de la Restauración basado en la Constitución de 1876 y que terminó en la II República. "Alfonso XIII -abuelo del actual Rey- no supo modificar la Constitución y ése fue su gran fracaso", explicó.

En el lado contrario a Soriano Benítez de Lugo, el coordinador insular de IU, Ramón Trujillo, cuestionó la legitimidad de la Monarquía basada en el fortalecimiento de la democracia: "Si el 23-F el Rey se hubiera puesto del lado de los golpistas, hoy estaría paseando en yate con su cuñado (el destronado rey de Grecia, Constantino)", advirtió.

Trujillo explicó que este sistema político es "discriminatorio, opuesto al mérito. No sólo discrimina por sexo y por edad, sino que niega a la mayoría de la población la posibilidad de ocupar el máximo escalón del poder en el Estado". El dirigente de IU se mostró convencido de que el futuro de la institución no está claro: "Ya existe una mayoría de población joven que se declara republicana. Es cuestión de tiempo", aseguró.

Pese a todo, cree que "plantear este debate de una forma aislada no tiene sentido. Sólo se podrá dar en un contexto en el que la izquierda sea mayoritaria".

El general retirado Francisco Santos Miñón, por su parte, defendió las capacidades del Príncipe de Asturias para heredar el trono, al considerarlo "un hombre formado, sensato, que puede ser un buen sucesor". Tras defender que se acometan las reformas para que una mujer primogénita no se vea discriminada a la hora de reinar, explicó que "la monarquía ha funcionado bien y hace bien lo que tiene que hacer", pese a lo cual se mostró partidario a que "si la monarquía en el futuro fuera un desastre y hay una mayoría de españoles que quisieran cambiar el régimen, pues habría que hacerlo. Nada es perfecto, tampoco la república", advirtió.

El experto en Monarquía y protocolo Juan Luis Maury dijo que "ha quedado claro que la Monarquía es la institución más valorada por parte de los españoles", valoración que, a su juicio, tiene mucho que ver con su carácter de "símbolo de cohesión". No se atrevió a hacer un vaticinio, aunque se mostró partidario de reformar el orden sucesorio para dar igualdad a hombres y mujeres, tal y como exige "el sentir mayoritario de la sociedad".

Precisamente esta reformas suscitó, a su vez, un debate dentro del propio debate. Alfonso Soriano defendió que "no se pueden introducir reglas democráticas en una institución cuya naturaleza no lo es". A su juicio, eliminar la primacía del hombre sobre la mujer supondría "discriminar no en función del sexo, sino de la edad. ¿Por qué tiene que ser el mayor sobre el menor?", se preguntó para subrayar que "el presidente del Gobierno no ha querido sacar adelante esta reforma para evitar que se considerara como un plebiscito en torno al sistema político".

Ramón Trujillo se mostró de acuerdo con esta tesis, aunque por motivos claramente contrarios: "Es cierto -insistió- que no sólo es una institución que discrimina por sexo, sino también por edad y que discrimina a toda la sociedad. Es una familia y su hijo varón los que monopolizan la jefatura del Estado".

Para Eligio Hernández si se emprenden la reforma de la Constitución, ésta debe ir encaminada por la senda trazada en su día por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en torno a la modificación en el orden sucesorio. "Aún no se dan en España las condiciones para ir más allá. Todavía nos pesa el pasado", afirmó. Santos Miñón, por su parte, considera normal que se lleve a cabo esta modificación, que supondría una actualización de la institución.