RAÚL SÁNCHEZ, Garachico
Jaime Guilarte Martín Calero, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, firmó ayer un auto donde asume la mayoría de los argumentos del Partido Popular contra las cuotas electorales por sexos impuestas por la Ley de Igualdad y recurre la anulación de la lista de mujeres presentada en Garachico ante el Tribunal Constitucional. El PP logra así que su batalla legal por la plancha que encabeza Pilar Merino llegue al Constitucional por el cami- no más corto y, lo que es más importante, con el aval de un juez que comparte sus dudas sobre la compatibilidad de las cuotas paritarias con la Constitución Española.
El auto de ayer fue toda una sorpresa, ya que lo previsible era que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 se limitara a aplicar la Ley Electoral vigente y desestimara el recurso. Sin embargo, el magistrado Jaime Guilarte considera que "lo expuesto en la demanda refleja dudas objetivas y razonables sobre la constitucionalidad de la Ley", por lo que decide, pese a la oposición del Ministerio Fiscal, plantear al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 44 bis de la Ley Electoral, "al poder ser contrario a los artículos 23, en relación con el 14, y el artículo 6 de la Constitución Española".
El abogado y candidato del PP al Parlamento de Canarias Miguel Cabrera, autor del recurso, declaró ayer a EL DÍA que "la importancia de este auto radica en que ya no es sólo el abogado de las recurrentes quien considera que este apartado de la Ley es contrario a la Constitución, sino que un juez comparte esa opinión y eleva el recurso ante el alto tribunal".
Cabrera no ocultaba ayer su satisfacción por una decisión inesperada, "pero que se solicitaba en el texto del recurso presentado". Además, destacó que "el propio juez pide al Constitucional que resuelva la cuestión de inconstitucionalidad antes del 27-M".
Las integrantes de la lista del Partido Popular en Garachico anunciaron ayer que enviarán un escrito al presidente del Tribunal Constitucional para que resuelva la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juez Jaime Guilarte "dentro de los plazos electorales", es decir, entre los días 8 y 10 de mayo. Con el objetivo de que la demora del pronunciamiento no afecte a los legítimos intereses de las candidatas.
A juicio de Cabrera, "este auto tan contundente es un varapalo tremendo para el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que puede dar lugar, si así lo estima el Tribunal Constitucional, a la anulación automática de las cuotas electorales por cuestión de sexo, aunque no afectaría al proceso electoral actual más allá de la inclusión de la lista de mujeres de Garachico".
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