La "descrispación"

NI SIQUIERA la legislatura 1993-1996 registró la crispación de la actual. Aquélla, caracterizada por la frustración del PP que había confiado en ganar las elecciones del 93 -algunas encuestas así lo pronosticaban- fue la de una decadencia anunciada. El Gobierno González, sacudido por los escándalos de corrupción y por el GAL, estaba escribiendo su propia crónica de una destrucción, hasta el extremo de que los propios socialistas respiraron aliviados cuando experimentaron, por exiguo margen, la derrota del 96. En cambio, la legislatura por la que estamos transitando se ha caracterizado por la actividad intensa del partido que ganó inesperadamente las elecciones, aunque con la oposición feroz, no suficientemente justificada, de la principal minoría, que no ha podido disimular su frustración y que ha dado pruebas de una bien poco deportiva capacidad de encajar las derrotas.

En efecto, no se le podrá criticar al Partido Socialista su afán por desarrollar el programa electoral que presentó a los electores en vísperas del 14-M. Se compartan o no sus ideas -esto se verá en las siguientes generales-, lo cierto es que se ha puesto en pie un entramado extenso de medidas de corte liberal-radical -las que el republicanismo denomina encaminadas hacia la "no dominación"- y de regeneración democrática que no tienen precedentes (algún día valoraremos, ya con la suficiente perspectiva, lo que ha significado la reforma del audiovisual público, después de tres décadas de parcialidad y sectarismo). En todo caso, no es momento de juzgar aún una obra de gobierno que, como procede, ha de ser valorada por los electores periódicamente. Ahora, lo que sí parecería necesario es provocar una cierta "descrispación", un relajamiento de las relaciones entre los dos grandes partidos, una reconsideración cabal de unas posturas que han generado hondo rechazo en la opinión pública.

Todo empezó con el Estatuto de Cataluña, que a su vez arrancaba de la pésima relación entre todos los nacionalistas catalanes y el PP. Aquella reforma, auspiciada por Maragall, fue uno de los trampolines del PSOE hacia la victoria, y su desarrollo, ya incontrolable, contribuyó grandemente a la crispación. Pero no impidió que el resto de la reforma del Estado de las Autonomías arrancara y siguiera su curso (salvo, claro está, en lo tocante al escollo catalán). Los sucesivos encontronazos se debieron, más bien, a la política antiterrorista, y al desarrollo insólito de la "teoría de la conspiración".

Esta última ya ha dejado de tener sentido, una vez adelantado el juicio sobre el 11-M, que ha puesto a cada cual en su sitio. Y pesar de que los medios más pertinaces sigan alentando la especie increíble de que los atentados islamistas fueron cometidos en realidad por etarras, y quién sabe si con la secreta complicidad de los socialistas, dispuestos a arrebatar el poder al PP a toda costa Y la política antiterrorista no plantea ya dualidad alguna una vez que voló por los aires del 30 de diciembre cualquier posibilidad de acuerdo, de alto el fuego, de proceso de paz. Quienes discrepaban de la buena fe gubernamental en aquel asunto, que acabó siendo ciertamente un gran engaño de ETA a los demócratas, ya no tienen motivos para mantener el disenso. Un disenso que no es bueno para el desarrollo político de este país.

En efecto, aunque estemos viviendo tiempos de bonanza socioeconómica, y aunque no haya, en principio, que temer por el futuro inmediato, todo apunta a que necesitaremos esforzarnos para ganarnos un porvenir al menos tan airoso como este pasado reciente. Habrá que cambiar con seguridad el patrón de crecimiento, que embarcarnos en visiones más sociales del desarrollo -hay masas de ciudadanos que no consiguen integrarse-, que reflexionar sobre unas pautas de progreso en las que los más jóvenes no tienen horizonte.