... Si hay algo que debe preocupar a los canarios y al gobierno de las Islas, aunque a veces no lo parezca, es lo que ocurre aquí al lado, en el continente africano, en el Sáhara, donde da la impresión, si alguien no lo remedia, de que se están poniendo las bases para una ampliación del territorio marroquí a través de un hipotético acuerdo entre el Frente Polisario y las autoridades de Rabat. Cierto es que tras un primer momento de mutuo ánimo conciliador, cada una de las partes ha deshecho el camino andado y ha reincidido en sus planteamientos, pero no es menos cierto que lo dicho por el representante saharaui en Argel dicho queda, y algo así sólo se afirma después de haberlo pensado mucho. Aunque parezca poco, lo sucedido, esa inicial predisposición del Polisario al diálogo bajo los auspicios del secretario general de la ONU, es más, mucho más, de lo que había ocurrido en años dentro de un conflicto enquistado que encuentra su origen en la desastrosa descolonización española, se convierte en perenne durante la guerra fría y pasados los años parecía hallarse, al menos hasta hace unos pocos días, en un callejón sin salida. El hecho de que el representante saharaui se haya referido al imprescindible respeto al derecho a la autodeterminación, en ningún momento a la independencia, supone un considerable cambio. De forma paralela, la disposición de la Corte de Mohamed VI a sentarse a negociar es también un considerable paso hacia adelante por parte de Marruecos.
... Las opiniones en este ámbito son variadas. Unos analistas aseguran que a Canarias lo que le interesa es la creación de un estado saharaui que impida el crecimiento marroquí en la costa atlántica y sirva de tapón a la preeminencia alauita en el norte de África. Otros, sin embargo, subrayan los beneficios que tendría para las Islas un Marruecos fortalecido, y recuerdan los desvelos del gobierno de ese país por hacer frente al islamismo radical. En cualquier caso, sin entrar ahora en el fondo de la cuestión y en la evaluación de los pros y contras, lo que está sucediendo, y sobre todo lo que pueda suceder en el futuro, debe obligar a la administración canaria, siempre en continua colaboración con la estatal, que según la Constitución es la que detenta las competencias en política exterior, a permanecer vigilante, atenta y, en la medida de lo posible, influir para el bien de los intereses de las Islas. Precisamente por ello parece un planteamiento razonable la necesidad de fortalecer la estructura del Ejecutivo en lo que respecta a los asuntos externos y crear una suerte de consejería de asuntos exteriores, tal ha sido la propuesta de los nacionalistas. No se trata de hinchar la administración, sino de expresar de forma humilde, pero clara, a las diplomacias española, europea y marroquí el parecer de quienes gobiernan estas islas, por lo que se ve abocadas a convivir junto a un auténtico gigante.
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