Acaba de explicar Wladimiro Rodríguez Brito, en un artículo publicado el domingo por EL DÍA , las razones para abrir a vehículos de motor 300 de los 2.000 kilómetros de pistas forestales existentes en Tenerife. Es decir, un quince por ciento del total. Guarismo algo engañoso, pues muchos caminos rurales son en la práctica intransitables. En definitiva, el porcentaje de apertura es mucho mayor. Pero esa no es la cuestión esencial en este momento.
El consejero de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño se ha ganado importantes cuotas de impopularidad, en los últimos años, debido a las restricciones impuestas para el uso de las vías que transcurren por espacios naturales, pues hoy sólo es posible recorrerlas a pie, a caballo o en bicicleta, salvo para acceder a zonas agrícolas o realizar actividades autorizadas. Antipatía de la que el propio Rodríguez Brito se ha defendido con el argumento de que era necesaria una moratoria antes de que el uso abusivo acabase con los montes. De nuevo ese concepto de prohibición total hay que considerarlo de forma relativa, pues numerosos propietarios de vehículos todoterreno se la han saltado a piola cada vez que han querido sin que ninguna autoridad, en la mayoría de los casos, los molestase. Hace poco me comentaban unos excursionistas que encontraron a dos familias de desaprensivos con una barbacoa portátil en pleno monte, al que habían accedido en sus coches de forma clandestina. Cuando les afearon su conducta, estuvieron a punto de agredirlos.
Sería absurdo, y eso lo ha reconocido el propio consejero de Medio Ambiente, prohibir de forma radical el acceso a un monte con el fin de preservarlo. Una medida lógica desde el punto de vista de la conservación, indudablemente, pero lesiva para los habitantes de una Isla que cada vez cuenta con menos paisaje libre de cemento. La opción opuesta es el acceso sin restricciones, amparándonos en la peregrina suposición que con usuarios debidamente educados, el monte estará a salvo. La mayoría de los tinerfeños hace un uso correcto de los espacios naturales; de eso no hay duda. Resulta preocupante, en cambio, el inevitable porcentaje de belillos. Diecinueve albañiles no consiguen que un muro levante un palmo del suelo, si el número veinte se dedica a derribar por la noche lo que los demás construyen durante el día. Con la circunstancia agravante de que el rol de quienes maltratan el entorno natural, ya sea por su condición intrínseca de desaprensivos, ya sea por ignorancia, es mucho más numeroso de lo que suele pensarse. Sobra decir que la presión de la excesiva población de Tenerife sobre los espacios verdes es enorme. Alguien argumentará enseguida que el problema se remedia con vigilancia y control. Basta ver lo que ocurre en las carreteras -las asfaltadas- pese a la labor de la Guardia Civil de Tráfico. Cuánto más en medio de un bosque cuyo acceso resulta, en muchas ocasiones, bastante difícil. Sencillamente, no hay forma de controlar a todo el mundo.
Entre ambas opciones -la mencionada prohibición absoluta y la circulación libre-, se impone una solución intermedia como la propuesta ahora por Wladimiro. Aunque me temo que en este caso, como en tantos otros, y considerando la fecha en la que se ha adoptado, ha pesado más la proximidad de unas elecciones que un análisis reposado del problema.
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