COLPISA, Madrid
Baltasar Garzón decidió que no ha lugar "a suspender judicialmente al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV) dada su no vinculación con ETA-Batasuna". Así se pronunció en el auto divulgado ayer, una vez estudiado el informe conjunto de las fuerzas de seguridad, y en el que aclara que la decisión no es definitiva y está supeditada a posteriores investigaciones. Pero, "al día de hoy", ANV "no es un instrumento de ETA-Batasuna, y se trata de un partido político legal, con sus estructuras y actividad acreditadas y en funcionamiento", sin que conste que "hayan sido fagocitadas por otras estructuras u organizaciones ilegales".
El juez de la Audiencia Nacional desarrolla en el escrito su tesis de que no toda la izquierda abertzale, espectro en el que encuadra a ANV, es Batasuna o ETA. Es el caso, recuerda, de este partido fundado en 1930 u otras organizaciones, como el PCTV, que por su identidad ideológica no pueden ser "criminalizadas". Amparado en estos principios y en las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía, Garzón sostiene que no hay razón para suspender la actividad política del partido y, por tanto, está legitimado para presentarse a las elecciones del 27 de mayo.
Precisa, no obstante, que esta decisión es "provisional y con base a los indicios de los que ahora se dispone". Aclara asimismo que "las valoraciones" de su auto se fundamentan "exclusivamente" en "los elementos probatorios e indicios contrastados y racionales" que se han logrado "huyendo de conjeturas, sospechas, intuiciones, afirmaciones sin confirmación, interpretaciones extensivas que son más propias del discurso político que rodea esta cuestión". Subraya también que la presencia en las elecciones de ANV estará subordinada a las "actuaciones que, eventualmente, puedan llevarse a cabo ante la Sala Especial del artículo 61" del Supre- mo.
Es decir, que la presencia de las candidaturas de este partido en las elecciones del 27 de mayo dependerá de las decisiones que tome el tribunal ante eventuales impugnaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Recursos electorales que pueden presentarse entre el 2 y 3 de mayo, y que, según fuentes gubernamentales, se materializarán, aunque no de forma indiscriminada sino con carácter selectivo en el caso de ANV, no así en el de las agrupaciones de electores de Abertzale Sozialistak, que serán impugnadas en su totalidad.
Garzón, en un escrito de 21 páginas, hace un exten- so repaso de los antecedentes jurídicos de Batasuna, desde la suspensión de actividades, ordenada por él mismo el 26 de agosto de 2002, hasta su auto de 26 de enero de 2007, en el que distingue qué formaciones están ilegalizadas y cuáles, no, porque no toda la izquierda abertzale puede estar sujeta a una "cadena inacabable de suspensiones, ilegalizaciones o declaraciones de ilicitud si no hay indicios probatorios incontestables".
El mismo frente
Tras hacer un repaso de la trayectoria histórica de ANV, destaca que en el congreso celebrado el 1 de junio de 2002, este partido acordó "permanecer fuera de Batasuna", si bien se reclama integrante del "espacio político de la izquierda abertzale" y comparte "el mismo frente" que el partido ilegalizado. Garzón también recoge que los informes policiales determinan que ANV "no ha sido creada ni dirigida por ETA antes de 2001" ni después de ese año ha estado "bajo la disciplina" de ETA.
Ninguno de sus dirigente, agrega el auto, aparece como imputado en causas relacionadas con actividades terroristas ni se aprecian vínculos con las organizaciones que forma "el complejo terrorista liderado por ETA". En definitiva, no se aprecia el "más mínimo indicio de pertenencia, integración, vinculación orgánica, ni siquiera temporal, de ANV con ETA-Batasuna".
El juez no da validez a la hipótesis policial de que este partido podría ser el plan C de Batasuna para estar en las elecciones.
Garzón sólo admite que está "claro" que existen "datos que demostrarían la proximidad, influencia y posible participación de Ba-tasuna en la confección de alguna de las listas" de ANV. En concreto, cita la información hallada en poder de Jorge Murillo, al que Garzón ordenó este mismo sábado el ingreso en prisión provisional, pero son datos que "están siendo objeto de estudio".
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